Ibarraguirre: «En materia de glaciares, las decisiones técnicas y científicas deben ser uniformes y no contrarias a la legislación vigente»
Jorge Ibarraguirre presidente de la Red Argentina de Fiscalías Ambientales, dialogó con Conclusión y explicó que desde esa entidad, presentaron un "esquema de gestión institucional que permitiría que las tensiones que las provincias tienen en cuanto a este tipo de protección, las puedan resolver, pero de una manera amigable, con el principio de no regresión y el principio de presupuestos mínimos"
El presidente de la Red Argentina de Fiscalía Ambientales, Jorge Ibarraguirre, expresó a Conclusión que la entidad que agrupa a 72 socios (fiscales y personal especializado de provincias argentinas), presentó un documento el 6 de marzo» cuestionando la modificación de la ley de glaciares, donde destacan que existen «dos cuestionamientos centrales y tensiones constitucionales profundas en la modificación propuesta».
«La red presentó un documento el 6 de marzo, antes de que se inicien estas audiencias y este procedimiento participativo, lo presentamos ante la presidencia de la Cámara y después también lo elevamos a las presidencias de ambas comisiones«, indicó.
Ibarraguirre, marcó que la reforma de la ley de Glaciares, rompería la lógica de las protecciones ambientales de presupuestos mínimos del Articulo 41 de la Constitución Nacional, «al permitir que autoridades provinciales tengan la última palabra sobre qué glaciar o ambiente periglaciar proteger, fraccionando disposiciones técnicas que deberían ser comunes».
El letrado, se explayó en el marco de una participación acotada a 200 expositores de los más de 100 mil inscriptos, para la audiencia publica que se desarrolló en la Cámara baja, en el marco de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, donde distintas organizaciones, asociaciones y ciudadanos de todo el país, expusieron durante las dos jornadas que se desarrollaron en la Cámara de Diputados de la Nación».
Presentamos un esquema de gestión institucional que permitiría que en todo caso las tensiones que las provincias tienen en cuanto a este tipo de protección, las puedan resolver, pero de una manera amigable, con el principio de no regresión y el principio de presupuestos mínimos
El presidente de los fiscales ambientales, explicó que la norma impulsada por el Ejecutivo Nacional conlleva «una regresión en materia de derecho ambiental, contraviniendo el principio de no regresión, ya que la protección se limitaría a reservas estratégicas y prohibiciones».
«La red presentó un esquema de gestión institucional alternativo para resolver tensiones provinciales de manera compatible con los principios de no regresión y presupuestos mínimos. al tiempo que enfatizó «que las decisiones técnicas y científicas deben ser uniformes y no contrarias a la legislación vigente sobre presupuestos mínimos, rechazando la idea de que cada provincia puede actuar libremente».
En buen romance, no cualquiera debería hacer cualquier cosa, es decir, no hay una ciencia de las provincias cordilleranas versus una ciencia y una técnica de las provincias de las llanuras. Hay solamente, cuestiones que son resueltas por criterios científicos técnicos y estos son uniformes, o deberían ser uniformes
Ibarraguirre, evitó pronunciarse sobre la posibilidad de recurso judicial contra el proyecto final, considerando prematuro especular hasta que el proyecto reciba dictamen y sea aprobado en el recinto.,Luego de las audiencias públicas, concluyó el proceso de participación ciudadana requerido por el Acuerdo de Escazú y sus normas complementarias, en el marco del tratamiento del proyecto que modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial.