Sortearán dos jueces para integrar la Cámara que revisará el acuerdo de salvataje de Vicentin
La Cámara de Apelaciones de Reconquista incorporará dos magistrados de Rafaela para analizar las apelaciones presentadas por LDC y Molinos Agro contra la homologación del cramdown ganado por Grassi SA. Mientras tanto, la nueva conducción de la empresa aseguró pagos salariales y reactivó plantas desmotadoras.
La Justicia santafesina avanzará el próximo martes 19 de mayo con el sorteo de dos jueces de Rafaela que integrarán la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista para revisar el fallo del proceso de salvataje de Vicentin. En este sentido, el tribunal ampliará su conformación para analizar las apelaciones impulsadas por LDC Argentina y Molinos Agro, que cuestionan la homologación del cramdown obtenido por Grassi SA.
Actualmente, la Cámara está integrada por los vocales Mauricio Sánchez, Santiago Dalla Fontana y Alejandro Alberto Román, quien reemplaza a la camarista María Eugenia Chapero tras su excusación por vínculos de amistad con accionistas de la cerealera. Sin embargo, ante la complejidad y relevancia del expediente, se resolvió sumar dos camaristas de la circunscripción de Rafaela para completar un tribunal de cinco miembros.
La disputa judicial se originó luego de que el juez del concurso, Fabián Lorenzini, homologara en primera instancia la propuesta de salvataje presentada por Grassi SA. El magistrado consideró válidas las mayorías obtenidas durante el proceso de cramdown y rechazó las impugnaciones formuladas por acreedores y empresas competidoras. Posteriormente, el 26 de diciembre de 2025, se concretó el traspaso accionario de Vicentin SAIC a Grassi SA, dando inicio a una nueva etapa bajo el nombre de Nueva Vicentin Argentina (NVA).
No obstante, tanto LDC Argentina como Molinos Agro apelaron la resolución judicial y solicitaron la revocación del acuerdo preventivo homologado. En sus presentaciones, ambas compañías cuestionaron la participación de acreedores vinculados a Grassi SA y denunciaron supuestas irregularidades en el cómputo de mayorías. Además, sostuvieron que el proceso estuvo marcado por “falta de transparencia” y “denegación de justicia”.
Asimismo, las firmas agroexportadoras criticaron las condiciones económicas de la propuesta aprobada. Según argumentaron, el acuerdo implica quitas y plazos excesivos, con tasas de interés bajas y obligaciones adicionales para los acreedores, como el abastecimiento de granos para acceder a determinadas modalidades de pago. En ese sentido, pidieron que la apelación tenga efecto suspensivo para evitar la ejecución inmediata del acuerdo homologado.
Por otra parte, las empresas también cuestionaron la falta de categorización previa de acreedores y advirtieron sobre posibles distorsiones en la voluntad mayoritaria mediante el “tráfico de votos”, debido a la participación de cesionarios y acreedores presuntamente vinculados con el grupo ganador del salvataje.
Mientras el frente judicial continúa abierto, la Nueva Vicentin Argentina comenzó a mostrar señales de normalización operativa. La empresa informó que pagó en tiempo y forma los salarios de abril a sus trabajadores de Avellaneda, luego de los conflictos registrados durante 2025, cuando los haberes llegaron a abonarse en cuotas.
Además, la nueva conducción confirmó la reactivación de las plantas desmotadoras de General Pinedo, en Chaco, y Bandera, en Santiago del Estero, con el ingreso de los primeros cargamentos de algodón. Desde el directorio aseguraron que el objetivo es recuperar el ritmo productivo y fortalecer el vínculo con productores agropecuarios.
Asimismo, NVA comunicó que ya comenzaron los pagos a acreedores que optaron por la modalidad de abastecimiento de granos prevista en el cramdown homologado. Según detallaron, la categoría A1 contempla montos superiores a los 15 millones de dólares e involucra a más de un centenar de acreedores.
Mientras, la Cámara de Reconquista se prepara para revisar uno de los expedientes empresariales más complejos de los últimos años en Santa Fe, la nueva gestión de Vicentin intenta consolidar su funcionamiento y sostener la actividad productiva en medio de un escenario judicial todavía incierto.