Golpe a las pymes porteñas: alertan que el último año los concursos preventivos crecieron un 130%

Un informe de la organización Industriales Pymes Argentinos (IPA) alertó que los concursos preventivos crecieron un 130% durante el año pasado solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que estimó que en 2026 se superará la cifra récord registrada en pandemia. Ante este panorama, el presidente del organismo, Daniel Rosato, solicitó que el Gobierno nacional declare la emergencia económica “para evitar un cierre acelerado y masivo de empresas”.

“Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de mil pequeñas y medianas empresas (pymes), pero el ritmo que vemos de degradación de la economía local y las presentaciones de concursos preventivos de cierre nos demuestra que el daño al entramado productivo es mucho peor. Porque estos son solo datos de Capital Federal, pero aún faltan los del resto del país para medir la real magnitud de la crisis. Por eso no hay tiempo de debatir ideologías, sólo de salvar a las empresas y a sus trabajadores, que son los perjudicados ante tanta inacción”, manifestó Rosato.

En medio de este panorama, desde IPA le reclamaron al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, una intervención urgente ante la “crisis terminal” que atraviesan las pymes. Asimismo, le exigieron al Congreso de la Nación que ponga en tratamiento legislativo y apruebe en lo inmediato el proyecto de ley de emergencia económica para evitar un cierre acelerado y masivo de empresas.

Paralelamente, el titular del Departamento de Legales de IPA, Germán Pizzano, advirtió por el inminente colapso judicial y productivo del sector manufacturero, tras revelar que las aperturas de concursos preventivos se dispararon casi un 132% en el último año. “La actual coyuntura empresarial se caracteriza por el cierre de 24.437 empresas entre noviembre de 2023 y principios de 2026”, puntualizó.

En relación a las consecuencias sociales, tanto Rosato como Pizzano destacaron que 327.813 trabajadores perdieron la cobertura del sistema de riesgos del trabajo.

El informe del IPA también indicó que la contracción productiva desencadenó un grave proceso de desinversión que “se cristaliza mediante la pérdida neta de la inversión extranjera directa”, arrojando un saldo negativo que resulta “histórico y sin precedentes, la primera vez en 22 años”.

En esta línea, Pizzano expuso que, frente a la crisis, empresas multinacionales dejaron el país. Al mismo tiempo, firmas locales buscaron sobrevivir transformando su matriz productiva: “Se adaptan con destreza darwiniana al modelo de dólar barato y apertura económica, reconvirtiéndose en importadores”.

Sobre esta parálisis del entramado pyme, que tiene un correlato judicial alarmante que satura a los tribunales, el documento del Departamento de Legales puntualizó que, según datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante 2025 se registró “la apertura de 190 concursos preventivos, contra 82 en el año 2023, es decir, un incremento del 131,71%”.

A ello se suma que entre febrero, marzo y abril de este año se abrieron 92 procesos concursales, mientras que durante el ciclo pico de la pandemia se ejecutaron 106 concursos preventivos de crisis, en contraste con los 190 del año pasado.

“En el primer trimestre judicial de este año se abrieron más concursos que los registrados durante los años 2021 a 2024”, alertó el informe, al tiempo que alertó sobre la pérdida de capital que significa tener bienes de uso inactivos, en un marco donde existe una “capacidad ociosa del 40,2%”.

Sin embargo, Pizzano aclaró que lo peor del cierre de fábricas no es el costo contable, ya que “más trágica resulta la pérdida de la fuente de trabajo, directa e indirecta”.

Para evitar la quiebra definitiva de las compañías o la ejecución judicial de sus bienes, desde IPA apuestan a que se declare la emergencia productiva: “Se encuentran en trámite varios proyectos de legislación de emergencia, a modo de una nueva versión de la Ley 25.563, con suspensión de ejecuciones hipotecarias y prendarias, extensión del período de exclusividad, facilitación al acceso a la solución preventiva, etcétera. No se trata de modificaciones definitivas, profundas, necesarias y consensuadas del sistema concursal, sino de un remedio paliativo y transitorio de emergencia, para que las pymes puedan recuperar capital de trabajo”.

“El empresario pyme necesita tiempo para recuperar un capital de trabajo positivo y la única forma de conseguir ese tiempo valiosísimo es una legislación de emergencia”, sostuvo Pizzano, quien observó que esta herramienta permitiría oxigenar las finanzas de las fábricas hasta lograr que “el ingreso por ventas totales resulte superior a los costos totales de producción”.

Por último, el documento institucional de IPA concluyó que este blindaje jurídico debe ir obligatoriamente acompañado de un viraje en el rumbo del país: “La espera que puede lograrse mediante una legislación de emergencia sería en vano si no mejoran las condiciones macroeconómicas propicias para el desarrollo del mercado interno que posibilite la recuperación productiva, niveles de empleo, salario real y consumo masivo”.