En Diputados crece el debate por la ley de lobby: apoyos, críticas y propuestas para regular la gestión de intereses

La Cámara de Diputados avanzó con el debate sobre el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo para regular la actividad de lobby o gestión de intereses. Durante un plenario de comisiones  de Asuntos Constitucionales y Legislación General, funcionarios nacionales, legisladores y especialistas analizaron distintos aspectos de la iniciativa y coincidieron en la necesidad de dotar de mayor transparencia a la relación entre el sector público y los actores privados, aunque surgieron diferencias sobre el alcance de la regulación.

En representación del Gobierno nacional, el director nacional de Reforma Política del Ministerio del Interior, Diego Marías, defendió el proyecto oficial y destacó el amplio consenso histórico que existe en torno a la necesidad de legislar sobre la materia.

«Me alegra saber que este tema es profundamente transversal. Conté unos 29 proyectos presentados en este Congreso de la Nación desde el año 2003 a la fecha y son proyectos que recorren prácticamente todo el arco político», sostuvo.

Marías explicó que la iniciativa busca institucionalizar una práctica habitual en todas las democracias modernas. «Es una ley de lobby y lo que intenta es regularizar algo que en la Argentina se hizo, se hace y se va a hacer siempre, como en cualquier país, que es el lobby, el cabildeo o la gestión de intereses entre los públicos y los privados», afirmó.

Asimismo, consideró que la propuesta oficial constituye una base sólida para la discusión parlamentaria. «Creo que es un proyecto muy robusto y, como todo proyecto que el Poder Ejecutivo manda a este Congreso, va a sufrir muchas sugerencias, aportes y cambios», señaló. También recordó que países como Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Chile, Perú y los miembros de la Unión Europea cuentan con normativas similares.

Durante la reunión también expuso el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, quien recordó que presentó una iniciativa sobre el tema hace más de dos décadas junto al entonces senador Jorge Yoma.

«A mí me parece un tema realmente importante. En la Argentina hay una característica que se repite, que es el tema de la gestión de negocios, donde la figura del lobista o cabildero tiene que tener transparencia y estar individualizada. Fundamentalmente tiene que saberse qué intereses representa», afirmó.

Por su parte, la diputada Karina Banfi cuestionó la propuesta oficial al considerar que no resuelve los problemas centrales vinculados a la transparencia estatal.

«Este proyecto no viene a solucionar ningún problema y vamos a dejar de discutir los problemas que realmente hay que solucionar», sostuvo. Además, reivindicó el papel de la Ley de Acceso a la Información Pública como herramienta central para garantizar el control ciudadano. «Si no respondemos los pedidos de acceso a la información con información veraz, clara y oportuna, realmente es muy difícil poder avanzar en este tipo de normas», agregó.

En la misma línea, el diputado Maximiliano Ferraro defendió una iniciativa propia impulsada por la Coalición Cívica, orientada a fortalecer los estándares de integridad institucional.

«Lo que estamos observando en el proyecto del Ejecutivo es que no estamos frente a un verdadero régimen general simplificado, le falta precisión», señaló. También explicó que su propuesta establece reglas específicas para la gestión de intereses, los registros de gestores y las audiencias mantenidas con funcionarios públicos.

Otro de los expositores fue el exdiputado Oscar Agost Carreño, quien valoró que el Congreso aborde finalmente el tema, al exponer que «no hay que prohibir el lobby ni demonizarlo», afirmó. Aunque consideró que el proyecto oficial es sólido, advirtió que «lo veo excesivamente regulacionista».

Desde la oposición, el dirigente de Unión por la Patria Sebastián Galmarini expresó cuestionamientos más severos. A su juicio, la iniciativa «parece ser una ley hecha a medida» para regular determinadas actividades vinculadas al Gobierno nacional.

Galmarini defendió la creación de un organismo específico dedicado a la ética pública y sostuvo que «seamos los propios actores del sistema político los que regulemos la manera en la que hacemos política y gestionamos las políticas públicas».

La diputada bonaerense, Agustina Propato, recordó un proyecto presentado durante el tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al referir: «Lo que planteaba el proyecto tenía que ver con una incompatibilidad para aquellos funcionarios que pudieran acreditarse asesorías u operaciones en jurisdicciones no cooperantes», explicó, en referencia a mecanismos destinados a transparentar eventuales conflictos de intereses.

El debate se retomará la próxima semana con la participación de organizaciones no gubernamentales y entidades de la sociedad civil. Al cierre del encuentro, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, anunció una nueva convocatoria para recoger opiniones y aportes sobre el proyecto antes de avanzar con su tratamiento legislativo.