La medida permitiría que puedan acceder a una jubilación unas 800 mil personas que no cuentan con aportes suficientes, de las cuales 41 mil serían de Santa Fe.
En total hay 14 pedidos de juicio político apuntan al desplazamiento de los magistrados e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos.
Para la unidad temporaria, creada a fines de diciembre pasado, se había nombrado originalmente a Ezequiel Melaraña, presidente del club Tigre, pero este no tomó posesión del cargo.
Además de los asuntos vinculados a la Justicia, también prevalece la agenda económica impulsada por el ministro, Sergio Massa.
Las legisladoras que impulsan esta medida aseguran que la presencia del dirigente del PRO "degrada y devalúa" a todo el cuerpo legislativo.
El organismo y sus voceros venían instalando la semana pasada que los ministros se definirían por alguna salida en las reuniones de acuerdos de los martes y jueves, pero la definición no llegó.
"Nuestra sociedad definió hace casi 40 años cerrar un capítulo de horror y construir acuerdos de convivencia democrática. No podemos permitir de ninguna manera ese tipo de expresiones y comportamientos, menos aún si se trata de quienes han sido honrados con el voto popular para ser representantes de los intereses colectivos", expresaron un comunicado.
La iniciativa cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y ahora espera el tratamiento del Senado, que la última vez que recibió este proyecto con media sanción no lo trabajó y terminó perdiendo estado parlamentario.
Los diputados de Juntos por el Cambio Roxana Reyes y Mario Negri apuntaron contra la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, por su resolución que dejó sin efecto a la designación de cuatro legisladoras en el Consejo de la Magistratura.
Este miércoles se realizó un plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto de la Cámara Baja, en donde el proyecto de moratoria previsional obtuvo dictamen de mayoría.
Los cambios ampliarían la cantidad de operaciones que se deben comunicar a la Unidad de Información Financiera y elevarían las sanciones para los delitos relacionados al lavado.
La diputada provincial del GEN, Mónica Peralta, organizó la actividad y advirtió que "sin políticas públicas eficaces que actúen de forma preventiva, no hay sistema judicial que soporte la alta demanda de situaciones delictivas", y es por eso que "todos los poderes del Estado deben trabajar en acciones coordinadas para abordar este escenario".