La sesión de la Cámara de Diputados que definirá si se ratifican o no los cambios realizados a la Ley Bases y al paquete fiscal tiene fecha tentativa. Los jefes de distintos bloques habrían consesuado tratar ambas iniciativas el próximo 27 de junio, instancia en la que el oficialismo insistirá con reincorporar la parte de los proyectos que quedó atenuada o eliminada en el Senado.

Los tiempos legislativos anticipan que hasta el martes 25, momento en el que se firmarán los dictámenes, los distintos bloques tendrán tiempo para analizar qué hacer con los diferentes aspectos de ambas leyes que quedaron abiertos después de las modificaciones que aplicaron los senadores.

En esa cuenta regresiva se llevarán adelante febriles negociaciones con el Poder Ejecutivo. Hasta la reunión del jueves por la tarde con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, los bloques alineados con el oficialismo en Diputados desconocían finamente cuáles eran las pretensiones reales del Gobierno sobre temas como impuesto a las Ganancias, Bienes Personales, privatizaciones y moratoria previsional. Si bien sabían que el Ejecutivo quiere contar con esas reformas, no tenían precisiones sobre la estrategia que aspiran a implementar para conseguirlas

Los líderes de estos espacios que colaboran con el plan de Gobierno de La Libertad Avanza, como Rodrigo de Loredo, Cristian Ritondo y Miguel Pichetto salieron del despacho de la presidencia de la Cámara baja con mayores certezas, ya que Francos les había transmitido cuáles eran las prioridades del Ejecutivo.

Concretamente, el Gobierno les pidió que rescaten la reposición de la cuarta categoría de Ganancias y el sendero de rebaja progresiva de Bienes Personales, tal como había quedado en la media sanción de Diputados.

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Esa es la prioridad número uno para LLA, y sus aliados no tienen pensado frenar dichas ambiciones. Se podrán restituir esos artículos con apenas los votos de la mitad más uno de los presentes, ya que el Senado las rechazó con esa misma mayoría simple.

En segundo lugar, Francos les pidió a los colaboradores parlamentarios -frecuentemente mal llamada oposición dialoguista- que hagan esfuerzos para reponer todos aquellos aspectos de la media sanción original que tengan la fuerza para hacerlo.

El foco del Gobierno está puesto especialmente en volver a incluir a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y -quizás- los medios públicos de Radio y Televisión Argentina (RTA) dentro del listado de empresas públicas declaradas privatizables.

Cabe recordar que la eliminación de la moratoria previsional, que estaba en la media sanción aprobada por Diputados, fue revertida en el Senado.

En este punto, al menos según quedó demostrado en los primeros diálogos, el Gobierno prefiere no interferir en una discusión que inevitablemente darán los diputados nacionales en base a posicionamientos sostenidos previamente.

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Suficiente desgaste ya tendrá el oficialismo cuando intente resucitar las reformas del paquete fiscal. Además, la moratoria jubilatoria vencerá el 23 de marzo del 2025, por lo que -en los cálculos de La Libertad Avanza- no tendría demasiada utilidad inmolarse por algo que efectivamente tiene un costo fiscal este año, pero acotado en plazo.

Contrapunto reglamentario

Con el tema privatizaciones hay una discusión reglamentaria, y dos bibliotecas que chocan en la interpretación. Un esquema que deberá aclararse con el correr de las jornadas.

Hay quienes dicen que como los recortes en la lista de privatizables ya estaban acordados cuando el texto se aprobó en general en el recinto del Senado (a diferencia de Ganancias y Bienes Personales que cayeron del articulado en la votación en particular), ya no tienen posibilidad de ser revertidos. De esa forma, Aerolíneas, el Correo y los medios públicos quedarían a salvo de cualquier intento de privatización.

Pero en el Gobierno, el oficialismo y algunos bloques cercanos como el PRO y la UCR (a excepción de sus alas díscolas) sostienen que esto no es así y que si Diputados consigue una mayoría más grande que la que consiguió el Senado para tumbar esos artículos, se impondrá la ley del más fuerte y vencerá el texto aprobado por la cámara iniciadora.

Como el capítulo de privatizaciones se votó en particular en el Senado sin una mayoría especial, entonces con mayoría simple Diputados podrá hacer valer su redacción, dicen quienes abonan esta interpretación reglamentaria.