Emergencia carcelaria en Santa Fe: 43 muertes bajo custodia y un hacinamiento que no da tregua

La situación del sistema penitenciario y de los centros de detención policial en la provincia de Santa Fe ha alcanzado niveles críticos, según se desprende del Informe Anual 2025 presentado por la Defensora General, Estrella Moreno Robinson, ante la Legislatura. El documento revela una tendencia sostenida al aumento del encarcelamiento que ha desbordado la capacidad operativa y edilicia de las unidades de detención.

Uno de los datos más dolorosos del relevamiento es el registro de 43 fallecimientos en contextos de encierro durante el año 2025. Del total de muertes, 39 ocurrieron bajo la custodia del Servicio Penitenciario y 4 en dependencias policiales. En la Unidad N° 1 de Coronda se concentró la mayor cantidad de decesos (14), atribuidos a enfermedades prevalentes, suicidios y grescas.

Esta mortalidad se inscribe en un escenario de hacinamiento extremo. Al cierre de 2025, el sistema registraba 11.760 personas detenidas frente a una capacidad declarada de solo 8.816 plazas, lo que arroja un déficit estructural de 2.944 cupos. La situación es especialmente dramática en Coronda, que opera con un excedente de 1.052 detenidos, y en la Unidad N° 11 de Piñero, con 896 personas por encima de su capacidad.

Comisarías: el eslabón más débil

El informe del Ministerio Público de la Defensa (MPD) pone el foco en las condiciones inhumanas detectadas en las 50 inspecciones realizadas a dependencias policiales. El Registro Provincial de Violencia Institucional documentó casos de personas durmiendo en el piso, en pasillos o incluso en patios a la intemperie por falta de espacio y mobiliario.

A la falta de plazas se suman deficiencias estructurales graves:

• Instalaciones eléctricas precarias con cableados expuestos y frecuentes cortes de luz.
• Proliferación de plagas, como roedores y cucarachas, y falta de provisión de elementos de higiene.
• Alimentación deficiente tanto en calidad como en cantidad.

El acceso a la salud, un derecho vulnerado

La asistencia médica en los penales presenta fallas sistémicas. El MPD detectó que el personal de médicos y enfermeros es insuficiente y que, en muchos casos, el acceso a la atención básica depende de la interposición de un oficio judicial por parte de los defensores. La implementación de la telemedicina aún es precaria y no logra suplir la carencia de especialidades como Ginecología y Pediatría, vitales en pabellones de mujeres y madres.

Ante este panorama, la Defensa Pública ha intensificado su labor de monitoreo, interponiendo 27 recursos de Habeas Corpus colectivos durante el año por el agravamiento de las condiciones de detención y la falta de acceso a agua potable.

En un contexto marcado por la reciente autonomía constitucional del organismo, el informe reafirma que el fortalecimiento del Ministerio Público de la Defensa es una condición indispensable para que el Estado de Derecho no se detenga en los muros de las prisiones.