Un Tribunal francés confirma la condena de Marine Le Pen, que queda con la tobillera, pero le abre la posibilidad a una candidatura
El Tribunal de apelación le dio una pena de tres años (dos en suspenso y uno con tobillera electrónica) por lo que podrá presentarse en las presidenciales de abril de 2027.
Un Tribunal de Francia dejó margen para la candidatura presidencial de Marine Le Pen al confirmar su condena por mal uso de fondos de la Unión Europea, pero reduciendo el alcance de la inhabilitación para cargos públicos.
El fallo de apelación del martes sostuvo la condena contra la líder de la extrema derecha y, al mismo tiempo, recortó la prohibición para ejercer cargos: Le Pen no podría ocupar funciones públicas durante 45 meses, de los cuales 30 quedan en suspenso. En la práctica, esto la habilitaría a presentarse cuando el electorado vote en abril de 2027, ya que habría cumplido previamente 15 meses desde el fallo de 2026.
Junto con esa inhabilitación, el Tribunal también impuso una pena de tres años de prisión: dos con suspensión y uno efectivo bajo monitoreo mediante tobillera electrónica.
La restricción, según fuentes judiciales, podría volver más compleja una campaña presidencial por la necesidad de regresar cada noche a su domicilio, aunque no se descarta que pueda organizarse.
Ahora, Le Pen debe decidir si inicia o no su candidatura. Está prevista para dar una entrevista en horario estelar en TF1 a las 20:00 (1800 GMT), donde podría anunciar su decisión sobre su futuro político. Al salir de la sala, no hizo declaraciones y se dirigió a la sede del partido, el Reagrupamiento Nacional (RN), para coordinar los próximos pasos.
El fallo también abre una discusión interna en el RN, que viene preparándose para dos escenarios: uno liderado por Le Pen y otro por el presidente del partido, Jordan Bardella.
La condena tiene su origen en acusaciones de que dirigentes del RN habrían desviado fondos del Parlamento Europeo destinados a asistentes parlamentarios para pagar personal del partido en Francia.
En 2025, los jueces ya habían determinado que Le Pen tuvo un papel central en el esquema, una conclusión que ella sigue negando.
Además, el caso generó fuertes reacciones políticas. Los defensores de Le Pen denuncian que la Justicia influye en la competencia democrática, mientras que sus opositores sostienen que los funcionarios electos deben responder ante las mismas reglas legales que cualquier ciudadano.