Condenaron a Julio de Vido y José López por el caso Skanska

El ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el ex secretario de Obras Públicas, José López, fueron condenados este lunes a cinco años de prisión en el juicio por el denominado caso Skanska. En el fallo además se los inhabilita a ejercer cargos públicos.

La definición del juicio estuvo a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N° 4. En total había unas 30 personas acusadas por los hechos que ocurrieron hace casi dos décadas, pero la Fiscalía pidió la absolución de 17 de ellas, debido a que no se pudo acreditar responsabilidad alguna.

En contraste, el fiscal general Abel Córdoba, en agosto de 2025, consideró acreditada la responsabilidad del ex ministro De Vido y el ex secretario López y solicitó cinco años de condena por los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautores. Idéntica condena pidió para el ex gerente general de Nación Fideicomisos SA, Néstor Ulloa.

Finalmente el TOF N° 4 -integrado por Guillermo Costabel, Jorge Gorini y María Gabriela López Iñiguez– les impuso a De Vido y López la pena de cinco años de prisión y fijó una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, además del decomiso de activos cautelados que forman parte de la causa.

¿Qué fue el caso Skanska?

El bautizado ‘Caso Skanska’ -recapitula el diario Página12– fue la primera denuncia de corrupción de la década kirchnerista y tuvo como eje la emisión de facturas apócrifas en el marco de las contrataciones para las obras de expansión de la capacidad de transporte de gas natural.

La obra -continuó el medio citado- constó de la ampliación de los gasoductos en el sistema norte (licenciataria TGN) y en el sistema sur (licenciataria TGS), el acondicionamiento de plantas compresoras existentes y la construcción de una nueva. Skanska ganó las licitaciones para la obra de construcción y montaje de la Planta Compresora Deán Funes, además del Tramo 79 (Deán Funes-Ferreira) de casi 42 kilómetros.

La investigación surgió como una causa de evasión contra la filial local de la empresa sueca Skanska -de ahí el nombre que bautizó el caso- y la firma Infinity, que junto a otra veintena de empresas emitió facturas apócrifas para simular servicios en el marco de aquella licitación. Dichas facturas coincidían con montos de «sobreprecios» que la empresa había cobrado por la realización de las obras.

Cuando las denuncias comenzaron a escalar, el Gobierno denunció una “cartelización” por parte de los oferentes para aprovechar la urgencia de la obra que buscaba evitar cortes de suministros y apuntó por un caso de evasión entre privados.

No obstante, la firma sueca salió a cubrirse públicamente al hablar de “comisiones indebidas” y se hizo trascender un documento interno que señalaba que la empresa Infinity, que emitió las facturas apócrifas, había sido recomendada por Ulloa, entonces gerente general de Nación Fideicomisos, órgano que administró el fondo fiduciario con que se financió la obra.

En noviembre de 2011, la Sala I de la Cámara Federal porteña consideró la “decisión política” de avanzar con la obra frente a la emergencia energética que atravesaba el país y sobreseyó a los funcionarios públicos investigados. La llegada de Mauricio Macri a la presidencia de la nación hizo cambiar los vientos políticos y la causa se reabrió gracias a la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación, que además declaró admisible como prueba judicial una grabación telefónica entre el auditor interno de Skanska, Claudio Corizzo, y el gerente comercial Javier Azcárate.

Dicha prueba había sido obtenida en un allanamiento a la empresa sueca y los diputados Adrián Pérez y Esteban Bullrich la había acercado a la Justicia.