El 8 de julio de 2020, el fiscal federal Gerardo Pollicita hizo pública una resolución en dónde advirtió sobre la facilidad con la que la agroexportadora Vicentin recibía créditos del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri, al tiempo que detalló las operaciones de la empresa para fugar el dinero.
El tribunal conformado por Fernando Sosa, Silvana Lamas González e Ismael Manfrin sentenció a los acusados con penas que van desde los 8 años y 10 meses a los 18 años, dependiendo de su participación y responsabilidad. Como varios acusados ya tenían condenas previas, varias sentencias se unificaron.
La medida entrará en vigencia a partir del quinto día de notificada la presente y se extenderá hasta el 10 de julio de 2024 inclusive, fecha en que se volverá a evaluar la situación.
Si bien desde hace cinco años la misma Cámara Federal comodorense viene descartando la hipótesis de la desaparición forzada de Maldonado, la decisión que se conoció este viernes reafirma lo que vienen denunciando desde el principio tanto la familia como organismos de derechos humanos: que Santiago no se ahogó de casualidad sino que fue víctima directa de una represión brutal de la Gendarmería.
El Gobierno nacional –con aval de la Justicia– oficializó la fórmula mediante la cual las prepagas deberán calcular sus aumentos. Sin embargo, los afiliados rechazaron el ajuste ya que consideran que la suba se hace sobre un monto que ya había sido incrementado.
La Cámara de Apelaciones hizo lugar a un reclamo del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, que rechazó tres artículos del DNU que permitían que los medicamentos se vendan en kioscos y supermercados y habilitaba que las farmacias comercialicen sin un profesional presente.
Los camaristas destacaron que detrás de la medida impulsada por el Gobierno “se escuda la pretensión de desangrar al poder del sindicalismo y así vaciar de fuerza los reclamos por las condiciones de trabajo”.
La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas confirmó este miércoles el recurso de amparo que suspende los artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia que imposibilitaba a dicho Instituto a establecer precios de referencia.
Los jueces determinaron que el homicidio fue ejecutado por el vecino de la víctima, quien habría ingresado a su domicilio para robar y terminó asesinándola con el fin de no dejar testigos.
La acción confirmó que el fin de lucro es un requisito indispensable para el cobro del impuesto sobre los ingresos brutos.
En un fallo de segunda instancia, la Justicia permitió que Vicentin salde la deuda que tiene con cooperativas y productores, entre otros afectados, en un plazo de doce años.
El máximo tribunal frenó una decisión de la Cámara del Trabajo sobre indemnizaciones.