Declararon delito de lesa humanidad los fusilamientos de José León Suárez, narrados en Operación Masacre
La sentencia se dictó este lunes y fue dada a conocer por la jueza federal Alicia Vence, quien reconoció la responsabilidad estatal en los hechos ocurridos durante la madrugada del 10 de junio de 1956, bajo la dictadura encabezada por Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Francisco Rojas.
La Justicia Federal de San Martín declaró este lunes que los fusilamientos de José León Suárez, ocurridos en 1956 y relatados en el libro Operación Masacre del periodista Rodolfo Walsh, fueron crímenes de lesa humanidad. En ese marco, responsabilizó al Estado argentino por la planificación, ejecución y encubrimiento de esos actos.
La sentencia se dictó este lunes y fue dada a conocer por la jueza federal Alicia Vence, quien reconoció la responsabilidad estatal en los hechos ocurridos durante la madrugada del 10 de junio de 1956, bajo la dictadura encabezada por Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Francisco Rojas.
El fallo encontró acreditado que los efectivos policiales llevaron a cabo un allanamiento ilegal en una vivienda de la localidad bonaerense de Florida para detener a doce personas que se encontraban en ese lugar y luego trasladarlas a la comisaría de San Martín -en un primer momento- y posteriormente a un descampado de los basurales de José León Suárez, donde se ejecutaron los fusilamientos.
En esos hechos resultaron asesinados Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión, mientras que Juan Carlos Livraga, Julio Troxler, Reinaldo Benavidez, Rogelio Díaz, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino y Miguel Ángel Giunta lograron sobrevivir.
El testimonio de Juan Carlos Livraga, que actualmente tiene 96 años, reside en Estados Unidos y es referenciado en el libro de Rodolfo Walsh con aquella frase que anunciaba que «hay un fusilado que vive», fue clave en el denominado Juicio por la Verdad.
El libro de Rodolfo Walsh en el que se relatan los fusilamientos de José León Suárez.
Al leer la sentencia, la jueza dijo que existió responsabilidad del Estado nacional en la planificación, ejecución y posterior encubrimiento de los hechos, que se encuadraron legalmente como allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía.
Por el paso del tiempo, todos los responsables directos ya se encuentran fallecidos. Igualmente, el tribunal estableció la responsabilidad penal que les hubiera correspondido en caso de seguir con vida.
En ese escenario, el fallo atribuyó responsabilidades a las máximas autoridades del Gobierno de facto de la época, que encabezaban Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas, y también al entonces jefe de la Side, Juan Constantino Guaranta; el jefe de la Policía Bonaerense, teniente coronel Desiderio Fernández Suárez; y el jefe regional de San Martín, Rodolfo Rodríguez Moreno. De haber sido juzgados, todos habrían recibido la pena de prisión perpetua.
La sentencia además fijó una serie de medidas reparatorias para preservar la memoria de las víctimas. Entre las acciones se anotan la publicación de la sentencia en los Boletines Oficiales de la Nación y de la provincia de Buenos Aires; la incorporación de los sucesos en los diseños curriculares de los sistemas educativos; la instalación de placas conmemorativas; y la creación de un sitio de memoria en el predio de los basurales de José León Suárez, entre otros ítems.
Los fundamentos completos del fallo se darán a conocer el 16 de julio de este año.