La UCR le pedirá a sus senadores que rechacen la reforma de la Ley de Tierras y complica los planes del Gobierno
La postura que emana desde el comité no es solo una declaración de principios, sino un intento de golpe directo a la aritmética parlamentaria de La Libertad Avanza (LLA), que ahora observa con incertidumbre cómo se podría desvanecer la posibilidad de obtener una media sanción clave en el Senado.
Desde el comité de la Unión Cívica Radical (UCR) buscan que los senadores del partido centenario se agrupen en una postura negativa frente a la reforma de la Ley de Tierras incluida en la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que contiene los controvertidos cambios en las regulaciones a la venta de tierras a extranjeros.
La postura que emana desde el comité no es solo una declaración de principios, sino un intento de golpe directo a la aritmética parlamentaria de La Libertad Avanza (LLA), que ahora observa con incertidumbre cómo se podría desvanecer la posibilidad de obtener una media sanción clave en el Senado.
En ese sentido, la conducción nacional del partido centenario, bajo la presidencia de Leonel Chiarella, estuvo moviendo fichas en las últimas semanas con senadores del bloque para rechazar el proyecto libertario.
Paralelamente, el espacio emitió un comunicado donde tomó distancia de la iniciativa oficialista que pone en riesgo la seguridad nacional y recursos estratégicos de la Argentina.
Este pronunciamiento fue respaldado por distintos dirigentes del radicalismo, como es el caso del secretario general de la UCR CABA, Juan Loupias, quien también le pidió a los legisladores nacionales que rechacen la propuesta que modifica la Ley de Tierras.
«La iniciativa impulsada por el oficialismo debilita la defensa de nuestra soberanía territorial y pone en una situación de mayor vulnerabilidad a miles de pequeños y medianos productores», sostuvo Loupinas sobre la propuesta libertaria.
Dentro del bloque radical, la presión de la mesa nacional comenzó a surtir efecto, aunque el escenario sigue siendo complejo debido a los intereses contrapuestos de los gobernadores.
Mientras figuras como Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama anticiparon su voto negativo, otros legisladores se mantienen en la indefinición o proponen una provincialización del conflicto.
Más allá del límite ético y político que intenta poner la cúpula de los «boina blanca», desde el Comité Nacional reconocen que, como en otras oportunidades, existen “librepensadores” que adoptan posiciones diferentes a las definidas por la conducción partidaria debido a intereses provinciales. Pese a esta realidad, manifestaron su expectativa de que más legisladores se sumen al rechazo del proyecto.
SOBERANÍA NACIONAL, EN DEBATE
El Comité Nacional de la UCR había emitido un comunicado el pasado 16 de julio donde justificaba su rechazo a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo. En el documento, el partido centenario fue contundente al afirmar que «la soberanía se defiende cuidando nuestra tierra».
Para la conducción radical, el proyecto de Javier Milei no solo elimina límites que consideran «razonables», sino que, en una crítica punzante a la estrategia oficialista, advirtieron que la norma «compromete la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país».
Dentro de este panorama, la debilidad política del Gobierno empieza a manifestarse en los números de la Cámara alta. Con un bloque propio de apenas 21 senadores, el sector que comanda Patricia Bullrich depende de una ingeniería de acuerdos que hoy parece naufragar, ya que se encuentra lejos de los 37 votos indispensables para habilitar el tratamiento y avanzar con la sanción.
Las negociaciones, lideradas por el oficialismo en las provincias y regiones con grandes espejos de agua, chocan con una resistencia fundamentada en el resguardo de los recursos locales.
Ante esta coyuntura, algunas fuentes legislativas ponen en duda la realización de la sesión prevista para el próximo 6 de agosto, dado que el Ejecutivo no lograría reunir los respaldos necesarios para evitar un traspié parlamentario.