Denunciaron penalmente a Monteoliva y al comisario Gauna por la represión del jueves en el Congreso
La demanda, que cayó en el juzgado federal número 1 de María Servini y en la Fiscalía número 2 de Carlos Rívolo, es por presunto abuso e incumplimiento de la autoridad, violación de los deberes de funcionario público y vejación o apremios ilegales.
Cuatro días después de la feroz represión que encabezaron las fuerzas de seguridad federales y de la Ciudad de Buenos Aires contra los manifestantes que protestaban contra el proyecto de ley del Gobierno de Javier Milei que consiguió -aunque desmembrado- media sanción en el Congreso, el abogado Gregorio Dalbón denunció penalmente este lunes a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y al comisario inspector de la Policía Federal, Gustavo Antonio Gauna, el hombre señalado como el oficial vestido de civil que apuntó una escopeta contra las personas que protestaban en la calle.
La demanda, que cayó en el juzgado federal número 1 de María Servini y en la Fiscalía número 2 de Carlos Rívolo, es por presunto abuso e incumplimiento de la autoridad, violación de los deberes de funcionario público y vejación o apremios ilegales.
«En particular, se denuncia la actuación del Comisario Inspector Gustavo Antonio Gauna, quien aparece registrado en imágenes difundidas públicamente vestido de civil y efectuando disparos con un arma larga durante el desarrollo del operativo, circunstancia que deberá ser corroborada e individualizada formalmente», resalta el documento del letrado.
En su presentación, Dalbón destacó que «la concentración se desarrolló inicialmente como una manifestación pública totalmente pacífica en rechazo a la iniciativa legislativa y como expresión de disconformidad con determinadas políticas del Gobierno Nacional», y que fue el operativo de seguridad el que fue mutando cuando «las fuerzas de seguridad comenzaron a avanzar sobre los sectores ocupados por los manifestantes».
El texto, que ahora debe analizar Servini, describe en detalle las tres horas de represión que superaron con creces los alrededores del Congreso Nacional y, luego, destacó: «Uno de los aspectos más preocupantes de la jornada fue precisamente la afectación de periodistas, fotógrafos y camarógrafos que se encontraban desarrollando su actividad profesional».
La asociación Argra denunció el mismo jueves que una reportera gráfica resultó herida en la cabeza, en un episodio que inmediatamente hizo recordar al ataque de un gendarme contra el fotoperiodista Pablo Grillo durante otra represión ordenada por el gobierno de Milei, en ese caso en marzo de 2025.
Aunque Dalbón apunta a la responsabilidad de Monteoliva y los funcionarios a cargo del operativo de las fuerzas de seguridad, la denuncia hace especial énfasis en el comisario inspector de la Federal Gustavo Antonio Gauna.
«Esta circunstancia no puede ser analizada exclusivamente como una actuación individual del funcionario. Si un Comisario Inspector de la Policía Federal Argentina se encontraba armado, vestido de civil y efectuando disparos en el marco de un operativo de seguridad desplegado frente al Congreso, corresponde determinar si dicha modalidad formaba parte del dispositivo previamente planificado y autorizado por los niveles superiores de la fuerza y por las autoridades políticas responsables de su conducción, o si, por el contrario, se trató de una conducta individual que excedió las órdenes recibidas», destacó en la presentación judicial.
Por eso, en la denuncia, Dalbón pidió al Ministerio de Seguridad que informe «si se encontraba prevista la participación de personal vestido de civil en el dispositivo de seguridad y, en caso afirmativo, cuál era la finalidad operativa de dicha modalidad, qué funcionarios o dependencias podían disponerla y qué normativa, protocolo, reglamento u orden interna regulaba su actuación, como así también si se encontraba autorizada la portación y eventual utilización de armas de fuego por parte de personal que prestara funciones vestido de civil durante manifestaciones públicas».
Pedidos similares se agregaron para todas las fuerzas federales involucradas en la represión del jueves pasado: Policía Federal, Gendarmería y Prefectura Naval. Además, pidió que la Justicia requiera las cámaras de seguridad del edificio del Congreso Nacional y que se pidan declaraciones testimoniales de los periodistas, fotógrafos, camarógrafos y manifestantes que estuvieron allí.