Pymes marcharán a Plaza de Mayo para visibilizar el deterioro del entramado productivo y en rechazo a la política económica
"Es urgente frenar un proceso de desnacionalización y subordinación del país a potencias y corporaciones extranjeras, situación que despoja a empresas y familias en nombre de una estabilización sesgada y falaz, funcional únicamente a un ajuste inhumano e innecesario", sostuvieron desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME).
Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de todo el país marcharán a Plaza de Mayo el próximo 20 de agosto desde la 9 para visibilizar el deterioro de la actividad productiva y reclamar un giro en la política económica del gobierno de Javier Milei. Desde diciembre de 2023 cerraron más de 30.000 empresas, según denunciaron distintas entidades representativas.
Desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) denunciaron que el contexto actual de «tierra arrasada» que está dejando un Gobierno «cruzado contra la producción nacional y el mercado interno», las PyMEs están comprometidas con los valores de un «desarrollo autónomo, la soberanía nacional y la justicia social».
La cantidad de empresas registradas en la Argentina cayó en 30.633 desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2026, de acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaborado sobre datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). El número de empleadores pasó de 512.357 a 481.724, lo que representa una reducción del 6% durante el gobierno de Milei.
Por ello, las pequeñas y medianas empresas se concentrarán para decir no a «un modelo de país desigual, sin consumo masivo, sin Pymes, sin empleo registrado y con trabajo cada vez más precario».
«Es urgente frenar un proceso de desnacionalización y subordinación del país a potencias y corporaciones extranjeras», situación que despoja a empresas y familias en nombre de «una estabilización sesgada y falaz, funcional únicamente a un ajuste inhumano e innecesario».
EL RECLAMO DE LAS PYMES
APYME destacó que «la actual catástrofe productiva e industrial» se cobra decenas de empresas por día y «genera pérdida y precarización masiva de puestos de trabajo».
Estas consecuencias no son «indeseadas» del Gobierno, sino que responden a una política de Estado que busca «reformatear» a la sociedad argentina bajo «un proyecto de país de enclave, en el marco geopolítico de una disputa global por los recursos estratégicos y las cadenas de valor».
También sostienen que no se verificó «ningún beneficio» bajo estas condiciones, a dos años de la vigencia del DNU, la Ley Bases y el RIGI, «las nuevas inversiones genuinas siguen sin aparecer», ya que fueron reemplazadas «por un festival importador» y por «nuevas tomaS de deuda y un blanqueo obsceno».
Frente a esta situación, las Pymes sufren una «implacable persecución fiscal, cortes en masa de la cadena de pagos y un récord de quiebras».