La cadena de la usura

La deuda es la verdadera herramienta de sometimiento y dominación, desde 1810 a la fecha (no teníamos deudas públicas durante el gobierno español); no nosotros, al menos.

Cada vez que Argentina se libera de la misma (Julio Roca, ambos gobiernos; Juan Perón, Ma. Estela Martínez), alguien se encarga de revertir el camino ganado. La otra tetra, con los mismos efectos, es apropiarse de las reservas de oro. En efecto, los excedentes de la balanza comercial, tanto en la primera como segunda guerra mundial, en oro, fueron depositados en el Banco de Inglaterra. En ninguno de los casos lo devolvió. Lo mismo que le hizo ahora a Venezuela.

Hoy, el país se encuentra sometido, como tal vez nunca lo estuvo, gracias al nivel de deuda con acreedores externos, ya sean privados u organismos internacionales.

A cambio de condonar plazos u otorgar renegociaciones, piden leyes, cesiones de tierras o recursos, y aplicación de políticas diseñadas, principalmente en Estados Unidos. Así como los gobiernos de Cristina y Alberto Fernández y el de Mauricio Macri aplicaron el manual de operaciones del departamento de estado bajo óptica del partido demócrata (LGTB, hormonización de niños, anticonceptivos compulsivos, aborto y próximamente eutanasia; minería – oro -, entrega del agua a la compañía estatal israelí con AF, destrucción del FFCC, concesión del Paraná, consolidación de activos externos), ahora se aplica el manual de operaciones del partido republicanos (entrega de tierras, agua, minerales, puertos, alineación irrestricta con las posiciones militares de EEUU, nuevamente entregar la administración del Paraná, puertos y la paralización del FFCC y desinversión en la red vial; consolidación de activos externos).

Cada pedido de renovación de deuda se hace contra alguna solicitud de los organismos multilaterales de crédito.

Además, los recursos destinados al pago de la deuda, tienen origen en el ahorro nacional. Éste, en vez de ser aplicado a la inversión, sale de la nación. Las consecuencias son la caída del nivel de vida, la caída de la inversión o ambas, como actualmente.

Por tal razón hace décadas que no se invierte ni en infraestructura pública ni significativa o sostenidamente en los negocios privados; por lo tanto, la única consecuencia razonable es la caída de PBI y la caída de PBI per cápita.

El carry-trade (las altas tasas de interés en pesos para retrasar la valuación del dólar y luego convertir las ganancias financieras en dólares) nace en 1975. Tuvo reapariciones varias. Durante el Plan Primavera de Machinea-Alfonsín, el cual mandó a la quiebra a cientos de miles de argentinos e hizo ricos a varios; con Cavallo-Menem y De la Rúa-Machinea, lo que explotó en 2001, el cual también mandó a la quiebra a miles de argentinos e hizo ricos a varios. Recomenzó en el segundo gobierno de Cristina Fernández, con Axel Kicillof de ministro. Retraso del tipo de cambio, tasas de interés positivas, descuento de cheques para las pymes, viajes al Caribe, a Brasil y a Disney para las clases medias. El desequilibrio Kicillof/Fernández se pateó para adelante. Fue la excusa de la inmoralidad de Macri/Caputo.

Cuando vino Macri, lo primero que dijo Prat-Gay es que Argentina no estaba suficientemente endeudada y que había que tomar deuda. Hasta deber un (1) PBI, fueron sus precisiones. Para poder ingresar de nuevo al mercado de crédito, había que pagar los hold-outs, lo que rápidamente hizo. Le abrió la puerta al endeudamiento Dujovne-Caputo-Macri. Para cerrar con los hold-outs, pidió el cierre de los juicios civiles contra Cristina Kichner por sus activos en el exterior. ¿Por qué lo hizo? Nunca nadie se lo preguntó ni él lo explicó.

Dujovne-Caputo-Macri nos endeudaron con el FMI en violación del estatuto de dicha organización y de las leyes de la República Argentina. Nos comprometieron hasta las orejas y además convinieron introducir el aborto como política de estado. La regularización del préstamo y la implementación del aborto fueron ejecutados por el tándem Alberto Fernández-Cristina Fernández. Lo que demuestra que todo es un gran club.

Ahora estamos más endeudados aún y nuestras inversiones personales, empresariales y públicas (instalaciones, red vial y ferroviaria, inversión militar, ciencia) detonadas. El gobierno actual no sólo no invierte ni una moneda en nada sino que vende propiedades públicas bajo la excusa de obtener fondos. El objetivo es que amigos del poder se apropien de dichos activos.

Vamos ahora a las familias y empresas

Las pymes no tienen deuda. Es el país con menor crédito empresarial de toda Sudamérica. Las pymes argentinas subsisten con capital propio. Parte de su capital de trabajo (sus disponibilidades de fondos) es absorbido por el estado en forma de adelantos de impuestos (retenciones y percepciones) tanto del estado federal (ganancias, IVA, previsionales) o provinciales (IIBB).

Pareciera que todos los gobiernos se confabularan para que nadie pueda producir nada en Argentina. ¿Suena loco, no?

Ahora, no por primera vez, pero nunca tan salvaje, le tocó a las familias.

La destrucción a nivel familiar es brutal, masiva, sin compasión y planificada. Se le quitó poder adquisitivo al salario, se perdieron un poco menos de medio millón de puestos de trabajo y el gobierno generó las condiciones para que las familias cayeran en manos de los usureros. Varios funcionarios salieron públicamente a desentenderse de su responsabilidad. Suenan tan creíbles como Cerimedo.

Fueron las autoridades del BCRA quienes eliminaron los topes de tasas.

El presidente afirmó “nadie les puso una pistola en la cabeza para que tomen préstamos”. El presidente desvía, artera y maliciosamente, la atención del tema.

Si alguien pone un revólver en la cabeza a una persona para obligarle a hacer algo, es un delito contra la libertad, y es otro capítulo del Código Penal. Será coerción, coacción, exacción, intimidación, extorsión o lo que el juez determine.

Hablamos de otro delito, señor presidente. No se haga el desentendido.

Nos referimos a un delito contra la propiedad. Por eso el delito de usura está tipificado como una de las formas de estafa, art. 175 bis. Y no se requiere de un revólver, sino sacar provecho de la necesidad, desesperación, «ligereza» (cabeza fresca) o ignorancia de una persona. La responsabilidad de sopesar al acreedor es del prestamista, no del tomador de crédito. Así lo entiende la ley, aún una ley sumamente favorable para las entidades financieras como la que Martínez de Hoz nos dio. El presidente, el ministro de economía y sus alcahuetes nos trataron de zaracear y engañar. Somos estúpidos más no tan estúpidos.