El ex gobernador entrerriano Sergio Uribarri fue detenido luego de que se confirmara su condena a 8 años de prisión
Urribarri fue condenado por delitos de corrupción en 2022, pero, tras diferentes apelaciones, recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a 8 años de prisión, por lo que se hizo efectiva su detención.
- Judiciales
- Sep 5, 2026
El ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri fue detenido durante la noche de este viernes: deberá cumplir una condena a 8 años de prisión por delitos de corrupción. El ex mandatario fue trasladado desde su casa en la ciudad de Concordia hasta la Unidad Penal N°1 de Paraná, luego de que la Justicia de esta provincia ordenara su arresto inmediato.
Fuentes judiciales con acceso directo al expediente señalaron que también fueron detenidos, durante la noche de este viernes, el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; y el exministro de Comunicación, Pedro Báez.
El Tribunal de Juicio que los condenó dispuso que los tres comiencen a cumplir sus penas en la cárcel de Paraná, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el último recurso pendiente y dejara firme la sentencia por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado.
La Policía de Entre Ríos debió trasladar a Urribarri –quien gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015 e integró el Partido Justicialista– durante la noche de este 4 de septiembre: entre Concordia y Paraná hay 280 kilómetros, un trayecto que demanda cerca de cuatro horas, por lo que el ingreso a la unidad penal se concretó en la madrugada.
La defensa del exgobernador intentó evitar la detención mediante un pedido de prisión domiciliaria, alegando un cuadro de salud mental y físico que incluiría trastorno de estrés postraumático, hipertensión y problemas cardíacos. Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo al considerar que no se acreditaron razones suficientes para suspender la ejecución de la pena ni para otorgar el beneficio.
Urribarri, de 67 años, fue condenado en 2022 por un esquema de desvío de fondos públicos hacia empresas vinculadas a su cuñado, mediante contratos de publicidad oficial simulados entre 2010 y 2015. La causa acreditó 143 operaciones irregulares que generaron un perjuicio económico superior a $12 millones para la provincia. Con el fallo firme, la Justicia dispuso que el exmandatario cumpla la pena en prisión efectiva.

