«No importa la edad”: Patricia Bullrich celebró la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil
La ex ministra de Seguridad afirmó que “se terminó la excusa de la edad para delinquir” porque “el que roba, mata o lastima, responde por lo que hace”.
La ex ministra de Seguridad afirmó que “se terminó la excusa de la edad para delinquir” porque “el que roba, mata o lastima, responde por lo que hace”.
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, celebró este sábado la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, al sostener que ya «no importa la edad» y «se terminó la impunidad».
«DESDE HOY NO IMPORTA LA EDAD: SI DELINQUÍS, LAS PAGÁS», expresó Bullrich en su cuenta personal de la red social X sobre la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, cuyas condenas contemplan hasta un máximo de 15 años.
La ex ministra de Seguridad afirmó que «se terminó la excusa de la edad para delinquir» porque «el que roba, mata o lastima, responde por lo que hace».
«Durante años, los delincuentes menores tuvieron impunidad. Hoy empieza a cambiar. Porque la Ley tiene que proteger a las víctimas y no a los delincuentes, como les gusta a algunos», advirtió la senadora.
En este sentido, aseguró que «se terminó la impunidad», mientras que para «las víctimas de menores delincuentes y sus familias» habrá «una pizca de la justicia que nunca van a tener».
-¿Qué dice la Ley?-
La ley crea un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de 14 a 18 años, con el objetivo de garantizar procesos judiciales adecuados a la edad. El texto establece la presunción favorable a la minoría de edad y que los menores de 18 años no compartan ámbitos judiciales ni penitenciarios con adultos.
El régimen introduce principios como legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad, y prioriza la resocialización de los jóvenes. El sistema prevé que los adolescentes cuenten con garantías judiciales desde el inicio y que las causas se tramiten en órganos y centros especializados. Se contempla la rápida intervención judicial y el derecho de los adolescentes a ser escuchados y que su familia participe activamente en el proceso.
El capítulo dedicado a las víctimas otorga un rol central a quienes resulten damnificados por delitos juveniles. El proyecto garantiza asistencia jurídica y psicológica inmediata, la posibilidad de intervenir en audiencias y oponerse a decisiones del Ministerio Público Fiscal, y la participación en instancias restaurativas como la mediación penal juvenil.
El sistema de sanciones prevé un esquema progresivo y diversificado, que incluye medidas educativas, tareas comunitarias, monitoreo electrónico y reparación del daño, además de restricciones de circulación. La privación de libertad solo se aplicará en delitos graves, con límites estrictos de tiempo y separación permanente de los jóvenes respecto de los adultos.
En la etapa de ejecución de sanciones, el proyecto incorpora la figura del supervisor judicial especializado, responsable de acompañar y monitorear el proceso de reinserción. La libertad condicional solo podrá otorgarse con aval del Ministerio Público Fiscal y bajo condiciones precisas. También se incluyen respuestas específicas para problemáticas de salud mental y consumo problemático, con intervención de equipos interdisciplinarios.
La misma detalla estándares de alojamiento que prohíben la convivencia de adolescentes con adultos y garantizan acceso a educación, cultura, recreación y atención espiritual. Se prevé diferenciación por edad y situación procesal dentro de los centros, así como capacitación del personal a cargo.
En los casos de menores inimputables, el texto dispone intervención judicial para investigar el hecho y aplicar medidas curativas o protectoras, siempre bajo la órbita de la justicia civil. Además, se estipula la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil.