El Gobierno nacional ampliará las denuncias judiciales contra empresas que operen en Malvinas
El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó la extensión de las acciones legales contra compañías y particulares que ejecuten actividades económicas bajo licencias británicas. La medida se articula con el avance de la base naval estratégica en Tierra del Fuego y presentaciones previas por contrabando pesquero.
El Gobierno nacional anunció formalmente que ampliará la denuncia judicial para alcanzar a nuevas compañías y particulares que realicen actividades económicas no autorizadas en las Islas Malvinas, vulnerando los derechos soberanos de la República Argentina. La confirmación fue brindada este martes por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa.
Durante su alocución, Ravier aseveró que “se va a ampliar la denuncia judicial presentada la semana pasada para que alcance a otras compañías. El gobierno nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para sancionar e impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos y la soberanía de la Argentina sobre las islas”.
Esta acción del Ejecutivo se suma a las medidas iniciadas el pasado lunes por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la organización Reset Republicano. Ambos letrados presentaron una denuncia ante la Justicia Federal en lo Penal Económico bajo la carátula de “contrabando pesquero” contra empresas internacionales que operan en el mar argentino amparadas en permisos otorgados ilegítimamente por autoridades británicas en el área de las Islas Malvinas.
Las actuaciones procesales se alinean con la postura ratificada por el presidente Javier Milei, quien en la cadena nacional del pasado jueves 3 de septiembre sostuvo que la gestión estatal empleará “todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten la soberanía”.
Proyección logística y resguardo de recursos estratégicos
En forma paralela al despliegue en los tribunales, el esquema gubernamental contempla el desarrollo de infraestructura militar y comercial mediante la construcción de una base naval en la provincia de Tierra del Fuego. La instalación está proyectada como un punto logístico clave para la proyección nacional hacia el Atlántico Sur, el control del espacio marítimo y la asistencia a las operaciones en la Antártida.
En materia de defensa y fiscalización, el enclave dispondrá de cobertura naval y aérea apoyada por aeronaves de patrulla marítima P3 Orión y cazas F-16. Asimismo, la planificación incluye la edificación de muelles civiles y comerciales orientados a resolver las dificultades operativas de los buques que sufren demoras por falta de capacidad edilicia en la región austral, brindando al mismo tiempo resguardo a objetivos de alto valor económico e industrial como la formación Vaca Muerta.