La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a Trump para utilizar una base de datos de la población y clasificar votantes
El Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE) fue creado en 1986 para que organismos públicos pudieran comprobar la ciudadanía o el estatus migratorio de personas que solicitaban determinados beneficios.
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a utilizar la base de datos federal SAVE, la cual posee información personal de la población y el estatus migratorio de cada uno, que será usada para revisar los padrones electorales y detectar personas que podrían no ser ciudadanas estadounidenses. La decisión fue confirmada este viernes 25 y bloqueó temporalmente una resolución judicial que había frenado su uso.
El Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE) fue creado en 1986 para que organismos públicos pudieran comprobar la ciudadanía o el estatus migratorio de personas que solicitaban determinados beneficios.
Durante la primera administración Trump, el sistema fue modificado para incorporar nuevos registros y permitir consultas masivas sobre personas incluidas en los padrones electorales.
Lo novedoso de esta nueva medida de la Justicia estadounidense es permitirle su uso al DHS. Ahora, los esbirros de Trump podrán consultar información confidencial, incluidos registros de la Administración del Seguro Social, para responder a pedidos de verificación vinculados con los registros de votantes.
La ampliación fue impulsada por una orden ejecutiva firmada por el republicano en marzo de 2025. Entre otras medidas, dispuso que el DHS y la Administración del Seguro Social pusieran sus sistemas a disposición de autoridades estatales y locales para verificar la ciudadanía de personas registradas o que pretendieran registrarse para votar.
LA DISPUTA POR LA PRECISIÓN DE LOS DATOS
La decisión de la Corte Suprema revocó en la práctica el bloqueo impuesto por tribunales inferiores, que habían cuestionado la legalidad y precisión del mecanismo. Una corte federal de apelaciones había sostenido a comienzos de septiembre que el uso del sistema podría vulnerar normas que protegen información privada y generar identificaciones erróneas de ciudadanos como presuntos no ciudadanos.
Los cuestionamientos se concentran especialmente en la posibilidad de que los cruces entre bases de datos arrojen falsos positivos. En Texas, por ejemplo, autoridades del condado de Travis detectaron que al menos diez personas de un grupo de cerca de 100, inicialmente identificadas como no ciudadanas, eran en realidad ciudadanos estadounidenses, según la información presentada durante el litigio.
El uso de SAVE por parte de los estados es voluntario. Según los documentos del caso, 27 estados utilizan el sistema para verificar información relacionada con la ciudadanía de personas registradas para votar, aunque algunas organizaciones defensoras del derecho al voto cuestionaron la precisión de las verificaciones y el riesgo de que ciudadanos habilitados sean sometidos a controles adicionales.
Los tres jueces liberales de la Corte Suprema votaron en disidencia. La magistrada Ketanji Brown Jackson advirtió sobre las consecuencias que podría tener un uso incorrecto de la herramienta sobre personas que tienen derecho a votar.