Carecía de «elementos verosímiles»: desestiman denuncia contra psicólogas acusadas de falsificar informes sobre abuso infantil
Así lo consideraron las fiscales sobre la causa que se intentó contra las tres profesionales, remarcando la falta de precisión y seriedad para avanzar en una investigación penal. Las psicólogas, contaron a Conclusión los detalles y alertaron que con este accionar se intentó silenciar a los niños y niñas víctimas de abusos y amedrentar a los trabajadores que se desempeñan en esta área de la salud mental.
Las fiscales Guillermina Aiello, Bárbara Glikman y Guillermina Torno desestimaron la denuncia que seis progenitores –representados por diez abogados– realizaron contra tres psicólogas rosarinas, a quienes acusaban de falsificar informes para impedirles el contacto con sus hijos. Las funcionarias del Ministerio Público de la Acusación (MPA) consideraron que la causa iniciada contra las profesionales –señaladas por los delitos de falso testimonio, corrupción de menores y asociación ilícita– tenía insuficientes “elementos serios, precisos y verosímiles” para realizar una investigación penal.
La denuncia, que se realizó el 11 de septiembre del año pasado pero adquirió relevancia mediática en marzo último, deslizaba que las profesionales –quienes forman parte de la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (Aevas)– ofrecían “packs” a cambio de dinero, los cuales incluían el abordaje psicológico, la emisión de informes y la intervención de abogados. Siempre según los acusadores, en estos trabajos se dejaba sentado que los menores sufrían abusos por parte de sus padres, por lo que se interrumpía el vínculo filial. Sin embargo, todos y cada uno de estos señalamientos fueron descartados por las fiscales en una resolución de diecisiete páginas, publicada el 18 de septiembre.
“La desestimación es un gran logro pero, además, es un paso desde el cual podemos empezar a avanzar en la protección de infancias. A modo personal no fue un año sencillo, pero tenemos que seguir trabajando para que esto genere un impacto positivo en nuestra práctica, que se encontró muy vapuleada. Esta persecución viene desde hace tiempo, este caso fue mediático y hubo una denuncia penal, pero no es algo nuevo y tampoco está terminado”, dijo en diálogo con Conclusión una de las psicólogas denunciadas. Por protección a los menores que se atienden con ellas, las identidades de las trabajadoras no serán reveladas en esa nota.
Y continuó: “Fue inusitado que tres fiscales tuvieran que ocuparse de una denuncia de este tipo cuando hay tantos delitos y cosas por resolver en la Fiscalía. En cuanto a la desestimación, el texto genera un antecedente para que no haya denuncias similares, que son maliciosas y que solo buscan amedrentar a las profesionales. Ponerle el estigma de corrupción de menores a una psicóloga que trabaja con niños es completamente grave”.
Otra de las profesionales afectadas expuso que se trata de una problemática bastante frecuente para quienes se desarrollan en esta área de la psicología: “No fue la primera denuncia, esto es histórico y es mundial, no es singular de Rosario. Es una mecánica instalada atacar a las profesionales para que dejen de atender a los niños cuando se hicieron informes que pueden dar cuenta de los abusos sexuales sufridos. Esta modalidad de denuncia penal con delitos tan inusitados y graves es nueva, pero, en lo personal, tuve denuncias en el Colegio de Psicólogos, recibí cartas documento y amenazas fuera del campo legal, en el consultorio y hasta papelitos por abajo de la puerta”.
La psicóloga –que tiene 28 años de trayectoria en la profesión– detalló que esta denuncia “generó un impacto” en las profesionales que trabajan con situaciones de vulnerabilidad de niños y niñas: “Se comunicaban con nosotras para preguntarnos cómo continuaban trabajando. Algunas personas, madres, pediatras y docentes nos decían que no encontraban tratamiento, que sus psicólogas habían dejado de atender a esos niños. Trabajar en clínica y tener el peligro de recibir una denuncia penal te amedrenta. Creemos que el efecto de esto fue el silenciamiento de los niños y las niñas”.
“Y de disciplinamiento a quienes ponemos ese lugar –completó la otra profesional, quien se recibió hace ocho años–. Estos ataques no son individuales, sino que son sistemáticos, no es la primera vez que suceden. ¿Qué psicóloga va a tener la posibilidad y la apertura a la escucha que es necesaria brindar en el espacio clínico cuando empieza a aparecer el miedo? Se rompe con la posibilidad de brindar ese espacio de protección para las infancias”.
“Necesitaban poner en tela de juicio algún informe que hicimos”
En el año que transcurrió entre la emergencia y la desestimación de la denuncia, las psicólogas siguieron ejerciendo, pero con dificultades: debieron modificar sus horarios, cambiar algunas prácticas y activar un “campo de cuidados”, ya que recibieron comentarios o mensajes intimidantes tanto en redes sociales como en sus propios consultorios.
“A la denuncia la hicieron diez abogados de muy alto nivel y profesores de la facultad que no podían desconocer que estos delitos eran completamente improbables. Solo querían instalar una estigmatización y disciplinamiento público. Hay un efecto multiplicador de discursos de odio, hemos recibido innumerables notas con nuestros nombres y caras que pedían que nos cuelguen en la plaza. Abrieron, posibilitaron y habilitaron una cacería de brujas”, expresó una de las profesionales denunciadas.
En cuanto a los delitos que intentaron endilgarles, una de las psicólogas observó: “Cuando te acusan de algo que es completamente falaz y hasta sin sentido, uno no puede ponerse a responder punto por punto. Eso sería construir la idea de los dos demonios, la víctima no puede estar contestando lo que el violento propone. Ante un relato falso, hacer eso sería igualar fuerzas y construir una teoría de que son dos ideas o posicionamientos ideológicos equiparables”.
La otra profesional hizo hincapié en las diferentes herramientas que cada psicóloga usa para trabajar: “El prestar la escucha es un posicionamiento ético y al mismo tiempo político, ahí empieza a haber divergencias entre cómo trabaja cada una, en qué metodologías usa. Nosotras no podemos concebir la salud mental sin pensar los derechos de las infancias y los Derechos Humanos”.
Y añadió: “Estas denuncias no son casuales, no la hacen porque están preocupados, sino que surgen en un momento donde los acusadores necesitaban poner en tela de juicio algún informe que hicimos. Esto a ellos les permite ganar tiempo porque quizás las causas pasan a cuarto intermedio por el beneficio de la duda”.
Las psicólogas también refirieron que muchas veces las profesionales son atacadas por “falta de ética, mala praxis o por trabajar sin el consentimiento de acusado de abuso cuando se trata de delitos intrafamiliares”, por lo que destacaron: “Las fiscales, en la resolución, señalan que cuando hay una situación de emergencia o riesgo, uno no le va a pedir permiso a quien el niño está señalando como abusador”.
Aevas: la tarea de garantizar justicia y protección
Las tres psicólogas denunciadas forman parte de la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (Aevas), un organismo de bien público –declarado por la Municipalidad de Rosario– que los denunciantes apuntaron como “asociación ilícita”. Las fiscales descartaron de plano esta idea y remarcaron que “no se ha podido acreditar que exista un pacto entre las profesionales y las progenitoras denunciantes para la comisión de delitos”.
En cuanto a Aevas, una de las psicólogas explicó: “Se creó con el objetivo de estudiar, investigar e incidir en la temática de abusos sexuales contra las infancias y también en abusos sexuales y violencia de género hacia personas adultas. La formamos de Rosario psicólogas que trabajamos con infancias en nuestros espacios particulares. Esta institución, que es presidida por (el ex juez federal) Carlos Rozanski, fue atacada con un montón de datos falsos en relación a nuestros balances y a cuestiones legales que se fueron desestimando”.
“Lo más importante –continuó la profesional– es que es una asociación sin fines de lucro que está creada para construir herramientas que generen mayores posibilidad de acceso a la justicia, a la protección integral y a la salud mental de niños, niñas y mujeres víctimas”.
En cuanto al protocolo a seguir ante una denuncia de abuso infantil, las psicólogas enumeraron: “Al detectarlo, es obligatorio denunciarlo para que se activen los mecanismos de protección integral. Entonces hay una serie de intervenciones que son solicitadas por la Justicia. En el campo de la psicología se puede trabajar con informes o declaraciones y en el campo de la clínica, cada analista tiene su cajita de herramientas para poder evaluar según la singularidad de cada caso, por eso es muy amplio lo que trabajamos las psicólogas”.