El Gobierno nacional privatizó AySA por US$ 340 millones al consorcio integrado por Mauricio Filiberti

En el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504/2-0003-LPU26, el Ministerio de Economía de la Nación llevó a cabo la apertura de las ofertas económicas para seleccionar al operador estratégico de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La propuesta más alta correspondió a ROWING S.A. – Consorcio Rowing, Arcos, Transclor, PHX, integrado por el empresario Mauricio Filiberti, que cotizó USD 340.200.000. Dicho monto superó en casi un 20% a la presentación de ROGGIO ROAS S.A. – Consorcio Roggio Roas S.A.U y otros, que alcanzó los USD 285.000.000. Si bien el resultado formal quedó sujeto a la revisión final de la Comisión de Evaluación, el consorcio liderado por Rowing quedó posicionado como virtual adjudicatario.

El pliego licitatorio comprende la transferencia al sector privado del 90% de las acciones de la empresa prestadora de agua y cloacas, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada (PPP), bajo la representación del sindicato conducido por Omar Lingeri.

El pago de US$ 340,2 millones por el 90% fija una valuación total equivalente a US$ 378 millones por el 100% de la firma. Este importe se situó por debajo de los US$ 500 millones a los que aspiraba originalmente la cartera económica nacional. Adicionalmente, las condiciones de la privatización determinan que los adjudicatarios absorban un pasivo de US$ 70 millones que arrastraba la compañía estatal.

El consorcio ganador definió como su operador técnico a Arcos Saneamento e Participações S.A., perteneciente al Grupo Equipav. La firma opera en el rubro de saneamiento desde 2010 y actualmente atiende a más de 39 millones de personas en 15 estados y más de 890 municipios de Brasil, con un plantel de 25 mil colaboradores.

Tras la apertura de sobres, el holding emitió un comunicado expresando su satisfacción por haber presentado la mejor propuesta y ratificó su compromiso de desembolsar US$ 1.940 millones durante los primeros cinco años, alcanzando los US$ 15.040 millones a lo largo de los 30 años de concesión.

El diagnóstico oficial y los argumentos del Gobierno

Al fundamentar la concesión, el Ministerio de Economía calificó a la gestión previa de AySA como «un modelo de disfunción administrativa». Según las cifras oficiales del Palacio de Hacienda, la empresa absorbió transferencias del Tesoro Nacional por más de USD 13.400 millones entre 2006 y 2023.

El parte oficial subrayó que, a pesar de esos giros, un tercio de la población dentro del área concesionada continúa sin acceso a agua potable ni desagües cloacales, mientras que las pérdidas de agua no contabilizada se ubican en el 42%, la morosidad trepó del 4% al 16% y los costos operativos crecieron un 80%. Ante este escenario, la administración encabezada por el presidente Javier Milei sostuvo que la iniciativa busca poner fin al uso de fondos públicos y reorientar el rol estatal exclusivamente hacia la regulación, supervisión y control del servicio.

El nuevo contrato establece para el período 2027-2031 un Plan de Acción obligatorio por $2,89 billones (calculado a valores de diciembre de 2025 y sin IVA). El programa estipula partidas por aproximadamente $1,13 billones en obras, $1,15 billones en mantenimiento, $315.761 millones en mejoras y $296.166 millones destinados a la operación técnica.

En paralelo, se fijaron exigencias concretas de expansión:

• Hacia 2031: alcanzar una cobertura del 75,3% en agua potable y del 63,9% en cloacas.
• Al finalizar el período inicial de concesión: garantizar niveles mínimos del 90% en provisión de agua y del 75% en saneamiento cloacal.