Quebró uno de los principales aserraderos del país: dejó a 130 trabajadores en la calle y ordenaron incautar sus bienes

La crisis de la industria maderera sumó un nuevo capítulo con la quiebra de Linor SRL, una empresa de Misiones que durante más de dos décadas se dedicó a la fabricación de pallets y otros productos de madera para el sector industrial. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 8 de Posadas dispuso la quiebra indirecta de la compañía luego de constatar el incumplimiento del acuerdo alcanzado durante el concurso preventivo de acreedores. La decisión judicial se produjo después del cierre de la planta de Azara, en mayo de 2026, que dejó a 130 trabajadores sin empleo y abrió un nuevo frente de reclamos por salarios e indemnizaciones adeudadas.

La resolución fue dictada por la jueza Adriana Beatriz Fiori y contempla medidas destinadas a preservar el patrimonio de la firma y determinar las obligaciones pendientes. Entre ellas, se dispuso la incautación de las instalaciones industriales, los inmuebles, las maquinarias, los vehículos y los registros comerciales de la empresa.

Los bienes quedarán bajo la administración de una sindicatura plural, encargada de intervenir en el proceso de liquidación y relevar la situación patrimonial de la empresa. Además, la Justicia ordenó la inhibición general de bienes y el bloqueo de las cuentas bancarias y otros activos financieros.

La resolución también prevé la posibilidad de solicitar el auxilio de la fuerza pública y adoptar medidas adicionales para garantizar el cumplimiento de las disposiciones judiciales.

Antes del cierre, Linor acumulaba obligaciones fiscales superiores a los $500 millones con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según los antecedentes del caso, las deudas se arrastraban desde 2024 y habían derivado en embargos preventivos sobre las cuentas bancarias de la compañía.

La falta de liquidez comprometió la posibilidad de pagar salarios y adquirir los insumos necesarios para mantener la actividad. A esas obligaciones se sumaron deudas con la distribuidora de energía eléctrica y otros compromisos pendientes.

La firma tenía su planta industrial en Azara, en el departamento Apóstoles, al sur de Misiones. Su producción estaba orientada a la fabricación de pallets y esquineros de madera utilizados para almacenar y transportar mercaderías, con clientes de distintos sectores industriales.

Los problemas financieros de la empresa quedaron expuestos durante 2025, cuando trabajadores reclamaron el pago de salarios atrasados. En una reunión con el personal, el socio gerente, Juan Carlos Lorenzo, pronunció una frase que quedó registrada en video: «No laburen, muchachos, cerramos esto y cobran cuando esto se remate».

El conflicto también incluyó denuncias del Sindicato de Obreros de la Industria Maderera de Posadas (SOIMP) por incumplimientos salariales, vacaciones impagas y falta de aportes a la obra social. Los empleados realizaron guardias y vigilias ante la preocupación por el posible retiro de vehículos y equipamiento del establecimiento.

Según el secretario general del gremio, Agustín Báez, las dificultades se extendían desde hacía aproximadamente dos años. En ese período, parte del personal había aceptado una reducción salarial del 20% con la expectativa de preservar los puestos de trabajo.

Tras el cierre de la planta en mayo de 2026, los 130 empleados quedaron sin trabajo. El sindicato también advirtió sobre posibles faltantes de equipos e instalaciones en el predio, por lo que impulsó un relevamiento para documentar el estado de los bienes.

Con la declaración de quiebra, uno de los puntos centrales será establecer el alcance de las deudas laborales y determinar qué recursos podrán destinarse a cubrirlas durante el proceso judicial.

De acuerdo con los reclamos difundidos en torno al caso, las indemnizaciones podrían alcanzar los $15 millones por trabajador, aunque los montos definitivos dependerán de la situación particular de cada empleado y de la verificación judicial de los créditos.

La incautación de los bienes busca evitar que el patrimonio remanente se deteriore o desaparezca antes de completar el inventario y avanzar con la liquidación. El procedimiento permitirá establecer qué activos conserva la firma y cuál es su valor frente al conjunto de las obligaciones pendientes.

La quiebra de Linor se produce en un contexto de dificultades para la actividad forestoindustrial, que enfrenta una combinación de menor demanda interna, elevados costos energéticos, problemas logísticos y presión impositiva.

Enrique Bongers, presidente de la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), advirtió sobre las complicaciones que atraviesa el sector y señaló que el costo de la energía representa una carga importante para los establecimientos industriales.

Entre las medidas de alivio reclamadas por referentes de la actividad figuran la suspensión temporal de la tasa forestal y la devolución de saldos de IVA, con el objetivo de mejorar la liquidez de las empresas y reducir el riesgo de nuevos cierres.

La caída de Linor representa un nuevo golpe para la industria maderera de Misiones, no solo por el cierre de una planta con trayectoria en el mercado de pallets, sino también por la pérdida de 130 puestos de trabajo. Mientras la Justicia avanza con el proceso de quiebra, los trabajadores esperan que el relevamiento de los bienes permita esclarecer la situación patrimonial y determinar cómo se afrontarán las deudas laborales.