Advierten que el Grupo Razzini llevó a cabo “maniobras de vaciamiento”
Los responsables habían argumentado que la crisis había sido generada por la contracción del mercado interno, pero ese escenario fue agravado por decisiones administrativas.
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- Oct 19, 2026
El concurso preventivo del Grupo Razzini, holding rosarino que se dedica a la fabricación y comercialización de materiales para la construcción, incorporó en los últimos días una nueva escalada en el terreno judicial. Es que la sindicatura entregó un informe que depura activos y pasivos y expone maniobras de vaciamiento patrimonial, a la vez que se dectectan dificultades financieras que habrían comenzado mucho antes de que las empresas del grupo las reconozcan.
«Esta Sindicatura concluye que el colapso financiero es el resultado de una crisis sistémica coordinada, agravada por decisiones de vaciamiento patrimonial y el uso abusivo de estructuras societarias para enmascarar un estado de impotencia patrimonial estructural», advierte el informe, citado en un reciente artículo que publicó el portal especializado PuntoBiz.
Dicho documento se presentó el pasado 9 de octubre en el despacho del juez de primera instancia en lo Civil y Comercial de la 8va Nominación de Rosario, Luciano Juárez. En el texto -señala el medio antes mencionado- se despliega un análisis sumamente crítico de la administración del entramado empresarial que cuenta con la diputada nacional de La Libertad Avanza, Verónica Razzini, como una de las caras visibles.
El análisis toma cuatro sociedades: Razzini Industrial SRL; Razzini Materiales SRL; Hormigones Ricci SA y Almacén de Obras.com SA. Los funcionarios concursales fijaron el inicio de la cesación de pagos el 30 de agosto de 2024, bastante antes del rechazo masivo de cheques que se registró en marzo de 2025.
Si bien está dedicada de lleno a la actividad política, la actual diputada oficialista figura como vocal titular de Hormigones Ricci, gerente de Razzini Industrial y Razzini Materiales y vicepresidenta de Almacén de Obras.com.
Uno de los ítems más conflictivos se centra en Hormigones Ricci SA. Según la sindicatura, durante el ejercicio cerrado en agosto de 2024, cuando la empresa registraba pérdidas por 116 millones de pesos, el directorio dispuso una distribució de dividendos por 299 millones.
«La retracción de fondos, aun contable, ejecutada en pleno inicio de la crisis y frente al desplome de las ventas, privó a la sociedad de su capacidad natural de absorción de pérdidas, constituyendo una maniobra clara de vaciamiento», sostuvo el documento al que accedió PuntoBiz.
No es de menor gravedad la situación que aparece al hacer foco en Almacén de Obras.com SA, una firma que nunca informó ventas ni empleados, pero sí se utilizó para obtener financiamiento bancario y emitir cheques en favor de otras sociedades del holding.
En total se advirtieron operaciones por 99 millones de pesos con el Banco Macro, en el cual la empresa entregaba cheques a proveedores que terminaban posteriormente rechazados por falta de fondos. “Utilizaron la CUIT limpia de Almacén de Obras para tomar deuda bancaria y librar cheques”, dice la Sindicatura, que definió a esa empresa como un sello de goma, según un artículo periodístico de Rosario3.
“Hubo un uso abusivo de estructuras societarias para enmascarar un estado de impotencia patrimonial estructural”, añadió la Sindicatura, que también cuestionó la ausencia de documentación y la falta de balances.
Cabe recordar que al momento de presentarse en concurso preventivo, por agosto de 2025, los responsables de atribuyeron la crisis al derrumbe de la construcción, el parate de la obra pública, el impacto de la devaluación y otros factores asociados a un mercado interno que continúa deprimido por las políticas libertarias, pero ahora la sindicatura señala que ese escenario, si bien no puede desconocerse, fue profundizado por decisiones administrativas del propio holding.
No hay que dejar de lado que el informe no establece responsabilidades individuales ni acredita comisión de delitos, los síndicos continúan con las investigaciones para determinar posibles actos de revocación judicial.

