Cierre de minas: los proyectos que debatirá el Senado exigen planes, garantías y controles posteriores
Las iniciativas proponen que las empresas planifiquen el cierre desde las primeras etapas de explotación, actualicen sus planes y respalden con garantías financieras las tareas de remediación. También contemplan participación ciudadana y monitoreo ambiental después del cese de operaciones, aunque difieren en el alcance de algunas obligaciones.
El Senado analizará tres proyectos para regular el cierre y postcierre de minas, con nuevas exigencias para las empresas: presentar planes desde el inicio de la actividad, actualizarlos durante la vida útil del emprendimiento y garantizar que haya recursos disponibles para remediar las áreas intervenidas. Las propuestas buscan precisar las obligaciones, los plazos y los mecanismos de control, en un marco que ya contempla responsabilidades ambientales, pero carece de reglas específicas y uniformes para esta etapa.
El plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable tratará los proyectos presentados por el senador Antonio Rodas; Flavio Fama y Edith Terenzi; y Lucía Corpacci. Las iniciativas comparten la necesidad de ordenar el cierre de los emprendimientos, aunque proponen distintos instrumentos y alcances.
Uno de los principales requisitos planteados es que el plan de cierre se presente junto con el Informe de Impacto Ambiental y se revise periódicamente mientras la mina esté en actividad. La planificación deberá detallar las obras y tareas necesarias, los responsables y los plazos, e incluir medidas para estabilizar las instalaciones y rehabilitar las áreas afectadas. También se propone contemplar cierres progresivos de sectores o instalaciones mientras otras partes del yacimiento siguen operando.
Senado: Comisión de Minería,Energía y Combustibles, presidida por el senador Flavio Fama
Las iniciativas prevén garantías o instrumentos financieros para cubrir los costos de cierre y postcierre
El objetivo es que, si una empresa incumple, existan recursos para ejecutar las tareas pendientes sin trasladar la carga a las provincias o al Estado. El debate deberá definir cómo se calcularían y actualizarían esas garantías y en qué condiciones podrían ejecutarse. Algunos proyectos, además, plantean mecanismos fiduciarios o fondos permanentes para financiar la vigilancia y el monitoreo ambiental una vez finalizadas las operaciones.
La participación ciudadana es otro de los puntos propuestos
En la iniciativa de Fama, la autoridad de aplicación debería establecer instancias participativas antes de aprobar cada plan y asegurar el acceso público a la información. El alcance de estos mecanismos dependerá del texto que avance en el Congreso: por ahora, se trata de obligaciones propuestas y no de un régimen nacional ya aprobado.
También deberá definirse cómo se aplicarían las nuevas reglas a las minas que ya están en funcionamiento. El proyecto de Rodas contempla expresamente nuevas unidades mineras y las que reinicien operaciones tras la entrada en vigencia de la norma, por lo que resta precisar el tratamiento de los emprendimientos existentes y la coordinación con los procedimientos provinciales.