Reformas en Seguridad: “Es un proyecto peligroso desde el punto de vista democrático”

El Doctor en Derecho y profesor de Derecho Político, Constitucional y Electoral de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Oscar Blando, cuestionó los aspectos centrales de los mensajes que el Poder Ejecutivo de la provincia envió a la Legislatura como “reformas” en material procesal y de seguridad pública. “Es un proyecto peligroso desde el punto de vista democrático”, dijo en una charla con Conclusión.

–Usted ha hecho algunas críticas públicas al mensaje del gobernador Pullaro ¿Cuál es su mirada sobre este proyecto?

–Si el proyecto se aprueba en los términos en los que el oficialismo lo ha enviado a la Legislatura, diría que ocurren tres cosas. Primero, que es un proyecto peligroso desde el punto de vista democrático, sería un gran retroceso en las formas y sobre las garantías constitucionales y democráticas. Es innecesario, porque creo que tiene las herramientas. Ya le ha dado la Legislatura herramientas para combatir la delincuencia, el narcotráfico o el delito. Y, por otro lado, porque afecta ciertamente derechos y garantías constitucionales. Por lo tanto, esto debiera discutirse no en el lenguaje técnico o la redacción del proyecto, sino en el contenido.

Sobre la condición de “peligroso”, como calificó el proyecto, Blando señaló que “el objeto es darle más poder y facultades a la policía, a los fiscales, al Servicio Penitenciario. Y cuando usted le da más facultades a determinados sectores, por ejemplo, a la policía, claramente lo que tiene que haber es un control judicial mucho mayor. Y acá hay aumento de facultades y menos control judicial”, sostuvo el profesor de la Facultad de Derechos de la UNR.

Apuntó que los allanamientos sin orden judicial y las facultades para detener personas por dos días para averiguar su identidad “es algo que retrotrae a la dictadura. Sobre todo, el tema de las declaraciones informativas en sede policial, sin un defensor. Esto ataca y vulnera derechos fundamentales, porque el defensor tiene que explicarle al detenido, a cualquiera de nosotros, que no tiene obligación de declarar contra sí mismo, que tiene el derecho a no hablar, a no declarar, cómo es el procedimiento”.

El letrado dio cuenta de que es algo que planteó claramente el Ministerio Público de la Defensa durante el debate en las comisiones de la Cámara de Diputados, no solamente los penalistas o especialistas en la materia. “El tema de allanar sin orden judicial es una excepción. Ahora, hay tantas excepciones que se agregan, que parece ser la regla. La posibilidad de que los fiscales puedan tomar medidas que no son privativas de la libertad, pero sí que son coercitivas, sin control judicial es otro gran y grave error”, enumeró el especialista.

En esa línea, cuestionó que “el tema de los allanamientos, de las detenciones por averiguación de antecedentes o identidad -sobre lo que tengo dos libros escritos- son de vieja data. Es la institución señera y preferida de las dictaduras, que siguieron con la democracia, pero en el año 1997 en Santa Fe se bajaron de 24 a 6 horas” las de la demora por averiguación.

Blando recordó que en la reforma impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro apenas asumió, aprobadas a principios de 2024, “se aumentaron las facultades porque ahora se agregó la resistencia a la autoridad y, con la nueva legislación, se establece la posibilidad de estas intervenciones en zonas especiales, que son verdaderos estados de sitio de facto, en donde la policía puede detener por muchas más causales, hasta 48 horas sin orden judicial”.

Ante los planteos oficiales acerca de que son medidas excepcionales para combatir el delito, el docente explicó que “lo que es importante que quede claro es que esta normativa va a aplicar para todos los santafesinos que vayan caminando por la calle, o estén transitando por un barrio determinado, o porque al policía no le gustó la cara”.

“Obviamente, las garantías constitucionales son universales, son para todos. Y tenemos que ser claros. Nosotros no defendemos al delincuente, al contrario, pero hay que combatirla con la ley de la Constitución y los estándares internacionales. La Argentina, por violar estas garantías constitucionales, ya ha sido sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, continuó Blando.

Insistió en que por violar las disposiciones constitucionales “la Argentina ya ha sido condenada y no se trata de garantismo, que es una buena palabra y no la inventó (el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia nacional, Raúl) Zaffaroni. El garantismo viene de la Revolución Francesa, de la Declaración de los Derechos del Hombre, del Reglamento Argentino de 1811, del artículo 18 de nuestra Constitución liberal”.

Blando también marcó en la charla con este diario digital que resulta “contradictorio e innecesario” el proyecto del Gobierno, que a diario publicita “la reducción de la tasa de homicidios y de delincuencia” que, consideró, “se ha dado como un hecho positivo”.

Así, “no se entiende por qué se busca este aumento de las facultades. Si la policía depende del Poder Ejecutivo y se avasallan también atribuciones que pueden tener los fiscales sin control judicial. Cuando usted aumenta el poder punitivo tiene que haber control judicial. Y acá exactamente se está haciendo lo contrario, aumento de estas facultades y disminución de los controles”, opinó.

Para concluir que “por eso digo que es un retroceso en términos democráticos, en términos de garantías constitucionales”.