Defensa de la Soberanía: el proyecto obtuvo seis dictámenes y quedó listo para llegar al recinto

En la última reunión, el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Legislación Penal de la Cámara de Diputados pasó a la firma seis dictámenes sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. El texto de mayoría, acordado entre La Libertad Avanza y sus aliados, quedó listo para ser debatido en el recinto.

La conformación del Consejo de Seguridad Nacional y la creación de una comisión bicameral; los cambios en las sanciones a empresas vinculadas con la explotación hidrocarburífera; las modificaciones a las penas por presunta injerencia extranjera en procesos electorales y opinión pública; y el calendario previsto para el debate en Diputados.

El despacho de mayoría fue firmado por La Libertad Avanza, el PRO, Karina Banfi y cuatro integrantes de Provincias Unidas: Isela Scaglia, Sergio Capozzi, Pablo Farías y José Núñez. También presentaron dictámenes en minoría Lourdes Arrieta; Esteban Paulón junto con los cordobeses Carlos Gutiérrez y Juan Brügge; Unión por la Patria; el Frente de Izquierda, con la firma de Myriam Bregman; y los misioneros de Argentina Federal, Alberto Arrúa y Oscar Herrera Ahuad.

Antes del plenario, representantes de La Libertad Avanza se reunieron con aliados del PRO, el MID, Producción y Trabajo, Adelante Buenos Aires, Argentina Federal y Provincias Unidas para acordar los cambios al texto. El encuentro de comisiones comenzó con una exposición de representantes de Poder Ciudadano.

Entre las modificaciones incorporadas, el proyecto suma al Ministerio de Seguridad al Consejo de Seguridad Nacional. La propuesta original del Poder Ejecutivo incluía al presidente de la Nación, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la Secretaría de Inteligencia y la Secretaría Legal y Técnica.

El dictamen también crea una Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional, integrada por ocho legisladores -cuatro por cada cámara- y facultada para requerir informes al nuevo organismo.

Otro cambio reduce las sanciones previstas para compañías vinculadas con la explotación de la Cuenca Malvinas y extiende esa disminución a firmas asociadas con otros proyectos hidrocarburíferos.

A pedido de bloques dialoguistas, se modificó además el artículo que contemplaba penas de cinco a doce años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública.

El texto acordado excluye explícitamente de esas sanciones al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses.

Según legisladores que participaron de las negociaciones, el proyecto podría tratarse en el recinto el 18 de noviembre, junto con la Ley de Presupuesto. También quedó abierta la posibilidad de debatirlo el 11 de noviembre, tras la visita del papa León XIV.