Crisis de salud mental en jóvenes: el Gobierno plantea una reforma regresiva de la ley

El suicidio se convirtió en la principal causa de muerte violenta en la provincia de Santa Fe y toda Argentina, por sobre el homicidio doloso y siniestros viales. Según el Ministerio de Salud de la Nación, cada día un joven entre 10 y 19 años se quita la vida, y en Santa Fe hubo 448 suicidios en un año.

Sumado a esto, unas 22 personas intentan quitarse la vida cada día en Argentina, mientras que el Gobierno impulsa una reforma de la Ley de Salud Mental N° 26.657 que reduce el sufrimiento psíquico a un problema exclusivamente individual y biológico, desligándolo de sus determinaciones sociales, económicas y políticas.

Un informe reciente sobre la situación de salud mental en Argentina advierte que entre 2019 y 2025 aumentaron las internaciones un 77% y las consultas ambulatorias crecieron un 134%. Las autolesiones, intentos de suicidio y el consumo problemático son las causas principales, que incluso empezaron a aumentar en niños, niñas y adolescentes, con cuadros más graves y tempranos.

Esto se vincula con la crisis económica, la precarización de la vida, la falta de redes de cuidado y el recorte de programas, entre otros problemas. También, la falta de la línea de asistencia al suicida en Santa Fe, que dejó de funcionar en 2015. El observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires señala que el riesgo de sufrir un padecimiento mental en la población general es del 8,7%, siendo más alto en los jóvenes y en personas con menor estatus socioeconómico. El 55,32% de quienes no realizan tratamiento psicológico lo sienten necesario, pero no pueden acceder a uno.

Este escenario evidencia una asociación entre las condiciones socioeconómicas y la vulnerabilidad psíquica, sin que tenga que haber ningún antecedente previo. Hay mayores niveles de padecimientos en sectores empobrecidos por la crisis económica y la precariedad de las condiciones de vida que se dan en nuestro país.

Actualmente en Argentina no existen estadísticas ni datos gubernamentales sobre la salud mental en adolescentes, esto impide el poder formular respuestas y soluciones para estas problemáticas, así que desde la Feser (Federación de Estudiantes Secundaries Rosario) y la Renace (Red Nacional de Centros de Estudiantes) se creó un Relevamiento de Salud Mental para alumnos de nivel medio, mediante encuestas a estudiantes rosarinos, con el objetivo de generar datos sobre padecimientos de salud mental, el uso de los celulares y las redes sociales, el abordaje de esta temática en las escuelas y qué herramientas -y de qué calidad- se encuentran en ese entorno, entre otros; analizando, a su vez, el entorno de cada individuo.

La Ley de Salud Mental N° 26.657, sancionada en 2010, reconoce a la problemática como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Dejó atrás el modelo manicomial y la vulneración de las personas con padecimiento mental, planteando que es necesaria la apertura de instituciones intermedias que propicien la reinserción y resocialización de los pacientes.

Esta ley promueve un abordaje interdisciplinario e integral del padecimiento subjetivo, reemplazó el término de “enfermedad mental” por el de “padecimiento mental”, fortaleció la atención en hospitales generales, buscó desarrollar dispositivos comunitarios y territoriales y modificó los criterios de la internación involuntaria, con una lógica de desmanicomialización que supone el pasaje de la atención desde lo puramente hospitalocéntrico a la comunidad, a través de dispositivos sustitutos.

Pero al día de hoy la sociedad padece la falta de turnas y discontinuidad de tratamientos, así como la ausencia de dispositivos intermedios y dificultades en el acceso a medicamentos, entre otros graves problemas. Solo se destina un 1,4% del presupuesto de salud a la salud mental, ni cerca del 10% que establece la ley.

La ley no falló, esto es una consecuencia de años de desfinanciamiento y ausencia de políticas públicas que permitieron desarrollar plenamente sus objetivos. Sobre este sistema deteriorado, el Gobierno de Javier Milei impulsa hoy una reforma de la Ley de Salud Mental, que apunta a una lógica tutelar y manicomial, con la reducción de derechos y habilitando internaciones preventivas, incorporando categorías ambiguas como “riesgo potencial” y abandonando la noción de “riesgo cierto e inminente” que proponía la ley.

Se cambió el concepto de “padecimiento mental” por “enfermedad mental” nuevamente, impulsando una mirada patologizante del sufrimiento psíquico, que reduce este sufrimiento a un problema exclusivamente individual y biológico, desligando de sus determinaciones sociales, económicas y políticas.

La reforma no aparece como una respuesta a esta crisis, sino que tiende a reforzarla y empeorarla, quitando los pocos recursos asignados a este sector, reduciendo los derechos de las personas con sufrimiento psíquico y permitiendo la creación de dispositivos manicomiales argumentando que los hospitales monovalentes de salud mental no son lo mismo que los manicomios aunque sean exactamente lo mismo. Además, vuelve a colocar el eje en el control social antes que los derechos y autonomía de las personas y deja de garantizar financiamiento al sector.

La solución a esta crisis no es privatizar la salud mental, sino defender el sistema público de calidad, garantizando un presupuesto real, pero también es indispensable transformar las condiciones de vida de las personas que pueden causar los padecimientos. Hay que garantizar una vida digna, con una vivienda digna, educación gratuita para todos y empleos donde los trabajadores sean reconocidos y con sueldos en blanco.