El exjuez Marcelo Bailaque será juzgado en un único debate oral por tres investigaciones sobre hechos de corrupción
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario dispuso la unificación de los tres legajos en función de la conexidad entre los hechos atribuidos al exmagistrado. En su acusación, la fiscalía anticipó que prevé solicitar una pena de 10 años de prisión. Además, se prorrogó por seis meses su arresto domiciliario.
- Ciudad
- Nov 17, 2026
A instancias de la Unidad Fiscal Rosario, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario resolvió que las tres acusaciones que tienen como imputado al exjuez federal Marcelo Bailaque sean debatidas en un único juicio oral y público. La decisión se adoptó luego de que concluyeran las audiencias de control de la acusación de los tres casos en los que el Ministerio Público Fiscal (MPF) le atribuye distintos hechos de corrupción vinculados con el ejercicio de su función judicial.
En la misma resolución, a requerimiento del MPF y en función de la gravedad de los hechos y los riesgos procesales, los jueces prorrogaron el arresto domiciliario que cumple Bailaque -con monitoreo electrónico-, por seis meses o hasta la apertura del juicio oral, lo que ocurra primero.
De acuerdo con la estimación efectuada por el MPF, el exmagistrado enfrentará un pedido de pena de 10 años de prisión además de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y multas. Entre los delitos atribuidos se encuentran los de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público, extorsión, concusión, recepción de dádivas y lavado de activos de origen ilícito agravado por su condición de funcionario público.
Los jueces de revisión Elida Vidal y Aníbal Pineda también resolvieron prolongar la medida coerción que cumple Bailaque desde que fue imputado: arresto domiciliario con vigilancia mediante un dispositivo electrónico de monitoreo.
La prórroga fue dispuesta por seis meses o hasta la apertura del juicio oral, lo que suceda primero. Entre los fundamentos se ponderaron los riesgos procesales señalados por la fiscalía, en particular la necesidad de resguardar a testigos, algunos de ellos empleados judiciales y otros vinculados con el coimputado Santiago Busaniche.
Además, los jueces tuvieron en cuenta que, de acreditarse la acusación, la pena en expectativa inevitablemente será de efectivo cumplimiento.

