Este jueves se realizó la audiencia imputativa por el homicidio de un joven de 23 años ocurrido el martes en la zona sudoeste de la ciudad. Las primeras versiones dieron cuenta de que Ezequiel M., de 29 años, había disparado repetidamente a un joven que supuestamente quiso robarle cuando salía de la panadería. El muchacho falleció poco después, habiendo recibido media docena de disparos en tórax, piernas y espalda,  y el autor de los disparos se presentó voluntariamente en la Jefatura de Policía y contó su versión de los hechos.

El fiscal Pablo Pinto le imputó al tirador homicidio agravado por uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra. «Será una figura atenuada ya que esa persona tenía permiso de tenencia y no de portación, entonces la ley prevé una figura de portación atenuada», explicó el funcionario judicial.

«Hay dos versiones del hecho, relató el fiscal, una que es la que dio el propio imputado en el marco de la audiencia imputativa ya que prestó declaración y respondió preguntas de la fiscalía. Es la hipótesis que ya relató el día que ocurrió el hecho, y que sostiene que fue víctima de una tentativa de robo y que él se habría defendido. Y la otra versión es la que brinda la persona vinculada al chico asesinado y  que da cuenta de un atentado en el que interceptaron a las víctimas y comenzaron a disparar».

Pinto manifestó que por el momento la Fiscalía está investigando para ver cual de esas dos versiones es más verosímil. «Nosotros pedimos la prisión preventiva del imputado por homicidio agravado por uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra. Pero el juez consideró, sin descartar la versión del testigo vinculado a la víctima, que había verosimilitud en la versión del imputado y si bien aceptó la calificación que la Fiscalía imputó, impuso una prisión domiciliaria por un plazo de 15 días interpretando que, si se avanza en la investigación podría haber una incidencia en la calificación legal y eso va a tener impacto en la cuestión cautelar».

En cuanto a las medidas en curso, el funcionario judicial señaló: «Se está peritando el teléfono celular y las pericias balísticas de las dos armas secuestradas, se está recabando mayores datos de la historia clínica de la víctima y analizando los llamado al 911 y viendo la posibilidad de recabar más testimonios».