El pasado martes 17 de octubre, el Gobierno Nacional promulgó la nueva Ley de Alquileres, a través del decreto 533/2023, publicado en el Boletín Oficial. Entre sus modificaciones se encuentra el tiempo y modo de ajuste, este último se basará por el Coeficiente Casa Propia. Pero, ¿qué quiere decir esto, exactamente?.

Es por ello que en esta nueva entrega de Consumidores en Acción, la doctora Valeria Vaccaro, vicepresidenta de la Unión de Usuarios y Consumidores junto a Ariel D’Orazio, coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor de la Municipalidad de Rosario, se propusieron despejar dudas e incertidumbres que puedan surgir sobre los cambios impulsados y el impacto real que tendrán en los millones de inquilinos de todo el pais.

«Existe un gran desconocimiento en torno a cómo es esta nueva Ley, la mayoría de los articulos de la anterior no han sufrido modificaciones. Sí han cambiado los plazos de aumento, pasando de dos actualizaciones a cinco. En cuanto a la duración, continúa el minimo de contratación por tres años»,  explicó Ariel D’Orazio.

En cuanto al índice que actualiza los valores, D’Orazio detalló que «no va a ser más el de Contratos de Locación, como era hasta el momento, sino que va a ser el coeficiente Casa Propia, que en los últimos seis meses se actualizó por debajo del 40% porque toma el coeficiente de variación salarial. Esto quiere decir que en términos económicos se encarece anualmente el valor que paga el inquilino, pero no es un aumento desproporcionado, sino que estamos hablando aproximadamente un 20% más en el primer año”.

«El mercado inmobiliario y algunos propietarioa aplicaron prácticas desleales e ilegales incluso, y esta nueva ley también vino a poner claridad sobre de qué manera si fija el precio de la locación, porque nos estábamos ya acostumbrando a ciertos contratos con precios en dólares, cuando sabemos que no s puede regir por moneda extranjera. En esto también la nueva ley nos dio una buena noticia», señaló Vaccaro refiriéndose a que la norma recientemente aprobada marca taxativamente la prohibición de publicar u ofertar inmuebles en moneda extranjera.

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