«Fragmentos de una amiga desconocida» narra la historia de Cristina Liliana Vázquez, la sospechosa perfecta. Una mujer que se encuentra presa condenada a cadena perpetua. Pero, según cuenta el documental, sin ninguna prueba de haber cometido delito alguno.
Vázquez fue condenada por el crimen de una vecina cometido en 2001. Y hace doce años que está tras las rejas, sin sentencia firme, en la Unidad Penal N° V, Instituto Correccional de Mujeres, Posadas, Misiones. Ahora su caso transita en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La noche del 28 de julio de 2001, Cristina Vázquez estaba con a ocho kilómetros de su casa, en una granja. Un vecino había visto irse juntas por la tarde a las dos amigas desde la casa de Cristina, en un barrio de Posadas, la capital de Misiones. Se quedó a dormir allá y pasó todo el 29 con sus amistades.
La noche del 29 de junio de 2001, entre las 21 y las 22, una vecina de Cristina, Erselida Lelia Dávalos, de 79 años, fue asesinada a martillazos. La alarma de su casa nunca se activó ni había puertas o ventanas forzadas. La última persona que fue vista en la casa estuvo haciendo arreglos hasta las 21.30 y se fue rápido, según un testigo que lo vio. La investigación no siguió la pista de esa persona.
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Según informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a los días del hecho la policía golpeó a la puerta de Cristina Vázquez. La acusaban de haber robado y matado a su vecina, junto con una conocida y su novio, que según una presunta testigo vendía las joyas de la fallecida. La testigo no declaró en el juicio ni se encontraron las joyas.
De acuerdo al organismo, en la escena del crimen no hay rastros ni huellas de Cristina Vázquez. Diez pruebas científicas avalan que Cristina Vázquez no tuvo relación con el hecho. Tampoco hay testigos directos que acrediten su culpabilidad. La propia sentencia condenatoria lo admite cuando afirma que no hay pruebas suficientes sobre su participación en el hecho. A pesar de ello, el tribunal construye la culpabilidad de Cristina Vázquez en base rumores, cargados de prejuicios de género y de clase.
El proceso lleva ya 16 años y tuvo tantas irregularidades que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó en 2015 que la condena de Cecilia Rojas sea revisada en Misiones y se dejara sin efecto la condena a prisión perpetua de las personas imputadas. Pero el recurso extraordinario para que su condena fuera revisada no fue presentado por la defensa de Cristina, su condena por lo tanto se encontraba firme y ella no lo sabía.
Visibilizada
Magda Hernández conoció a Cristina cuando trabajan juntas en un bar de Recoleta, Buenos Aires. Madga no sabía nada del pasado de la presunta vinculación de Cristina con el hecho hasta que fue apresada. “¿Puede mi amiga ser una asesina?”, se preguntó la directora, pregunta que dio origen al documental.
“Es una historia terrible de una mujer que sin ninguna prueba fue condenada a prisión perpetua”, resume la autora en diálogo con Conclusión.
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“Hay mucha discriminación, olvido. Es importante que se dé a conocer el caso de Cristina. Pero también hay muchas mujeres encarceladas de forma injusta y otras de manera justa pero en condiciones inhumanas”, expresó Hernández. “Hay un sentido que dice que si están en la cárcel es por algo, y tenemos que luchar contra eso”, completa.
“Intentamos contar la historia de Cristina de la forma más sincera posible. Van a encontrarse con una historia muy fuerte, por momentos difícil de creer pero es realidad”, cierra Hernández.
Por su parte, Indiana Guereño, abogada y titular de la Asociación Pensamiento Penal, quien participa del documental con su testimonio, comentó que “la población femenina está aumentando de manera muy preocupante acusadas de narcomenudeo y delitos contra la propiedad como hurtos”.
“Lamentablemente son jefas de familias monoparentales. Están a cargo de hijos y son el único sostén económico y afectivo que tienen. No se tiene en cuenta qué pasa con esos niños, dónde quedan. No es lo mismo privar de la libertad a un hombre que a una mujer por el nivel de vida que tienen”, manifesta.
“En las cárceles falta algo tan básico como el alimento. Hay más de 100 mil personas privadas de su libertad y la estructura edilicia sigue siendo la misma. Hay gente durmiendo en comisarías hace meses, lo cual está prohibido”, remarca.
Con respecto a la acción de los gobiernos, la abogada destacó que “lo que tiene que hacer es un diagnóstico de la situación para armar planes para ir descomprimiento. Pero la responsabilidad es del Poder Judicial, que envían a las cárceles pero no saben dónde los están enviando. Hay que ver en qué condiciones están”.
“Tenemos la convicción de que no debería haber tantas personas en las cárceles. Hay muchos que están en prisión preventiva esperando un juicio o con condenas en suspenso, sin embargo igualmente están en la cárcel”, finalizó Guereño.
