Funcionarios bolivianos anunciaron que la sentencia de la justicia italiana a los dictadores del "Plan Cóndor" viene acompañada de una indemnización para las víctimas, denunciantes y abogados, que sería mayor al millón de dólares.
“Han desaparecido muchos colegas y otros han sufrido la cárcel y han sido torturados”, expresaron a Conclusión desde el Colegio de Abogados de la ciudad.
La adhesión de la provincia a la Ley a nivel nacional, este jueves podría ser abordada en la Legislatura provincial.
Se realizó la charla “Conflictos, protesta y represión” organizada por la Asociación de abogados laboralistas de Rosario y por el Centro de Investigación por los Derechos Humanos “Juan Carlos Gardela” en el teatro Empleados de Comercio.
El pre candidato a la gobernación por la provincia de Santa Fe y Alejandra Rodenas visitaron en la Facultad de Derecho a los nuevos dirigentes del centro de estudiantes elegidos en los últimos comicios estudiantiles.
El gremio de los abogados estatales comunicó que los salarios del sector perdieron un 29,7 por ciento de poder adquisitivo debido al aumento de la inflación.
El Instituto de Derecho Público y Ciencias Políticas del colegio de Abogados realizó una comparación entre Rosario y otras ciudades del país con más de 200 mil habitantes, lo que arrojó un resultado "muy bajo".
El Frente Patria, además de competir en las elecciones del centro de estudiantes en la Facultad de Derecho, presentó proyectos que tienen que ver con la proyección laboral de los futuros profesionales y la situación actual de los pasantes.
Según abogados de la 2ª circunscripción “no fueron invitados a dar su opinión en el proyecto". En tanto la diputada provincial Claudia Giaccone dijo que “las modificaciones propuestas tendrán inevitables consecuencias para el común de la gente”.
Los miembros del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal consignaron en un documento que esa entidad “asiste con escozor ante los azotes permanentes y los cuestionamientos constantes y lapidarios hacia aquellos que se ocupan de brindar el servicio de justicia”.
El gremio calificó como "una situación crítica" a "la pérdida del poder adquisitivo de los agentes públicos".
La niña, que fue violada y embarazada, comunicó su decisión de no seguir adelante con el embarazo.