Los beneficiarios recibían una asignación mensual no remunerativa de $78.000. El Ministerio de Capital Humano había ordenado su finalización, pero un grupo de trabajadores de la economía popular promovió un amparo colectivo en contra de esa decisión.
El Juzgado Federal de Campana le dio diez días hábiles a la gestión libertaria para poner en plena vigencia la normativa. Así las cosas, la ley comenzaría a funcionar a partir del 4 de febrero. Si el Gobierno se niega a cumplir con la medida, podría haber multas y consecuencias penales para algunos funcionarios.
Fueron rescatados luego de un operativo llevado a cabo por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en un establecimiento ubicado en el paraje Arroyo de la Cruz.
