Un fallo judicial obliga al Gobierno a poner en “plena vigencia” la Ley de Emergencia en Discapacidad
El Juzgado Federal de Campana le dio diez días hábiles a la gestión libertaria para poner en plena vigencia la normativa. Así las cosas, la ley comenzaría a funcionar a partir del 4 de febrero. Si el Gobierno se niega a cumplir con la medida, podría haber multas y consecuencias penales para algunos funcionarios.
El juez federal de Campana Adrián González Charvay publicó un fallo durante la jornada de este martes donde determinó que el gobierno de Javier Milei tiene diez días hábiles para poner en “pleno funcionamiento” la Ley de Emergencia en Discapacidad. Así las cosas, la normativa –que el Poder Ejecutivo se resiste a implementar al argumentar que no especifica cómo se financiará– deberá estar totalmente vigente a partir del miércoles 4 de febrero.
El fallo –dictado a mediados de diciembre, pero ejecutado este martes– también obliga al Ministerio de Salud de la Nación y a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a “informar y acreditar con la documentación correspondiente, y en un plazo de cinco días hábiles, el avance de los trámites destinados al cumplimiento de la sentencia, todo ello bajo apercibimiento de sanciones”.
En caso de que el Gobierno desobedezca la resolución, tanto el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, podrían enfrentar multas económicas y consecuencias judiciales, como causas penales por desobediencia.
El fallo del juez González Charvay obliga a que el Gobierno presente una resolución con los aranceles a los centros prestadores actualizados desde enero de 2025; fije los nuevos valores de las prestaciones; lance un plan de pago de la compensación a los prestadores; abra un plan en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) para refinanciar deudas; y publique un decreto que reglamente la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad.
La actriz Valentina Bassi –quien es madre de un adolescente con discapacidad y militó la ejecución de esta ley– publicó un video en sus redes sociales donde manifestó: “El Gobierno tiene cinco días hábiles para demostrar que está cumpliendo la ley, pero la Justicia ya no acepta más informes técnicos, que es lo que estaba haciendo hasta ahora. Si en diez días hábiles la Ley de Emergencia no está en pleno funcionamiento, comenzarían las multas a los funcionarios”.
Y añadió: “El juez puso una fecha en el calendario. Para el 4 de febrero la ley tiene que estar funcionando toda. Eso significa decreto publicado, aranceles actualizados, compensación liquidada, plan Arca abierto, todo operativo. El magistrado aclaró que aunque el Estado haya apelado, igual tiene que cumplir con la resolución. La apelación no los salva”.
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La actriz Lola Berthet también se hizo eco de la medida en sus redes: “El 4 de febrero todo lo que implica la ley tiene que estar funcionando al 100%. Hace más de 130 días que la normativa está en vigencia y el Gobierno no la cumple”.
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No obstante, las organizaciones que representan a personas con discapacidad prevén que el Gobierno dilate todo lo que pueda la implementación de esta ley, por lo que piensan presentar amparos colectivos en todas las jurisdicciones del país. “Necesitamos que todos los jueces federales cumplan con sus funciones, se expidan y sancionen al Gobierno, porque no se están respetando los compromisos internacionales”, apuntó la abogada y referente de la Asamblea Discas en Lucha, Lorena Aguirre.
Una ley con idas y vueltas
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada por el Congreso el 10 de junio del año pasado. Casi dos meses después, el presidente Milei la vetó, pero tanto la Cámara de Diputados como el Senado insistieron con el proyecto y, con más de dos tercios de los votos, lograron aprobar definitivamente esta iniciativa. Sin margen de maniobra, Casa Rosada la promulgó, pero suspendió su ejecución hasta que se informe “cuáles son las partidas presupuestarias” con las que se financiará.
Tras diferentes medidas judiciales presentadas por el sector de discapacidad, el 12 de diciembre el juez González Charvay invalidó parte del decreto que suspendía la ejecución de la ley, aunque el Gobierno –a través del procurador del Tesoro de la Nación, Santiago Castro Videla– apeló la resolución.
Dicha apelación fue admitida por la Cámara Federal de San Martín, aunque con un efecto devolutivo: mientras la causa avanza y se analiza la presentación del Gobierno, la resolución de González Charvay sigue vigente y desde Casa Rosada deberán poner la ley en funcionamiento dentro de las próximas dos semanas.
Al próximo paso judicial deberá darlo la Cámara Federal de San Martín, que puede aceptar al apelación oficial y volver a suspender la aplicación de la normativa; o posicionarse en la misma línea que el juez federal de Campana y ratificar la vigencia de esta ley.