La resolución llega en medio de una disputa sobre qué juzgado debe intervenir en las distintas demandas presentadas contra el emprendimiento. En total, fueron tres las demandas presentadas.
“Me puedo morir presa con este Poder Judicial, pero créanme que en algún momento esto se va a terminar, porque la gente necesita saber que le va a alcanzar para el alquiler y las expensas”, expresó la ex presidenta, quien se negó a responder preguntas del Tribunal.
La investigación había reunido elementos que impulsaron el procesamiento de una veintena de personas, entre ellas el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo.
El Juzgado Federal de Campana le dio diez días hábiles a la gestión libertaria para poner en plena vigencia la normativa. Así las cosas, la ley comenzaría a funcionar a partir del 4 de febrero. Si el Gobierno se niega a cumplir con la medida, podría haber multas y consecuencias penales para algunos funcionarios.
En los próximos días Grassi SA deberá presentar un cronograma detallado estableciendo las fechas de cumplimiento de los pagos a los acreedores.
