Catorce ex directivos de la empresa Vicentin fueron procesados, sin prisión preventiva, por el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, acusados de ser penalmente responsables del delito de “aprovechamiento indebido de beneficios fiscales”. El magistrado, además, solicitó embargo de bienes e inhibiciones para los empresarios. La cerealera había sido denunciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) en agosto de 2020, cuando se detectaron irregularidades en las operaciones.
Los directivos procesados –además de la propia empresa Vicentin– fueron Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Vicentin, Roberto Vicentin, Yanina Colomba Boschi, Herman Vicentin, Oscar Vicentin, Rubén Vicentin y Norma Vicentin.
El juez Alurralde sostuvo que los procesados no respetaron el Régimen Penal Tributario establecido en la Ley Nº 27.430. De esta manera, podrían recibir penas de prisión efectiva que podrían oscilar entre los tres años y medio y los nueve años. No obstante, el magistrado entendió que este caso tiene como agravante la participación de dos o más personas, lo que eleva la pena mínima a cuatro años.
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La ley fija estas penas para quienes reciban indebidamente “reintegros, devoluciones, subsidios o cualquier otro beneficio de naturaleza tributaria nacional o provincial”, que superen los $1.500.000, mediante “declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño”.
Afip había denunciado a la cerealera en agosto del 2020 y, en noviembre de 2022, el juez Alurralde comenzó a realizar las indagatorias. Finalmente, el pasado martes 7 de mayo el magistrado firmó los procesamientos de los catorce ex directivos.
Procesas a catorce ex direc… by Conclusión TV
Como fueron procesados sin prisión preventiva, podrán mantener el beneficio de la libertad mientras dura el proceso.
El juez, además, trabó un embargo sobre los bienes libres de los procesados y, en caso de que no tengan bienes a su nombre, ordenó una inhibición hasta cubrir la suma de cien millones de pesos por cada uno de los encausados.
¿De qué se acusa a los ex directores de Vicentin?
Según la denuncia de la Afip, los ex titulares de la cerealera realizaron ente 2016 y 2019 pedidos de reintegros del Impuesto al Valor Agregado y de créditos fiscales vinculados a operaciones de exportación, presentando facturas falsas y alteradas. Con este mecanismo, la empresa se hizo, de forma ilegítima, de más de cien millones de pesos.
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En su resolución, Alurralde tiene por acreditada la denuncia de Afip. Es decir, se logró probar que Vicentin, con el objetivo de estafar al Estado, contrató a proveedores inexistentes y realizó movimientos bancarios que “no se corresponden con la facturación”.
Gráfico incluido en la resolución del juez Alurralde.
Para entender el alcance de la estafa, se informó que uno de los proveedores “falsos” de Vicentin declaró como domicilio legal el lugar donde funcionaba una escuela. En otros casos, eran casas donde habitaban familias que dijeron no tener ningún tipo de relación con Vicentin.
“En oportunidades ni siquiera se pudo corroborar la existencia de la empresa que habían denunciado en Afip su domicilio en una escuela, en una casa de familia –con nulo vínculo mercantil-, y hasta en el Océano Pacífico según geolocalización. A pesar de haberse intimado la corrección y/o denuncia de domicilio real, nunca lo consignaron ante el Ente Recaudador. Claramente esta actitud sindicaría una maniobra defraudatoria”, señaló el juez en su fallo.
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Alurralde entiende que Vicentin usaba “empresas fantasmas”, que actuaban de intermediarias para los fines fraudulentos. A través de estas operaciones, la agroexportadora recibía ciertos beneficios fiscales.
Varios frentes abiertos
Los integrantes del directorio de Vicentin son investigados dentro de varias causas, tanto en la Justicia Federal como en la provincial: el juez federal Julián Ercolini analiza una posible estafa de Vicentin al Banco Nación; mientras que el fiscal de delitos complejos de Santa Fe, Miguel Moreno, los imputó por estafar en 500 millones de dólares a numerosos acreedores.
Asimismo, la justicia santafesina investiga a varios ex directores de Vicentin por haber conformado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas y fraudes; mientras que el fiscal federal de Reconquista, Roberto Salum, también investiga el destino del dinero que Vicentin obtuvo por la venta de parte de sus acciones a Glencore.
Cabe destacar que desde el 2021 los directivos y ex directivos de Vicentin tienen sus bienes embargados o inhibidos y algunos, incluso, tienen prohibido salir del país.
