Los síndicos del concurso preventivo de la agroexportadora Vicentin y los interventores de la compañía presentaron un primer informe al juez del caso, Fabián Lorenzini, en el que afirman que se podrán pagar salarios y gastos de mantenimiento hasta febrero de 2024. El anuncio generó preocupación entre los trabajadores, quienes temen perder sus fuentes laborales a partir de marzo.
Tras conocerse el informe, el diputado provincial del Frente Social y Popular e integrante de la comisión de la Cámara baja que realiza un seguimiento del caso Vicentin, Carlos del Frade, apuntó: “La empresa hizo del miedo su principal arma de extorsión contra sus propios trabajadores y también sobre los gobiernos nacional, provincial y municipales. Los síndicos dicen que el consorcio de treinta y tres empresas no garantiza el pago de salarios más allá de febrero de 2024. Es algo que no tiene lógica de acuerdo al balance presentado y publicado en este año 2023”.
En este sentido, enumeró: “Facturó 42.980 millones de pesos, a razón de 117 millones de pesos diarios, 4,9 millones por hora y 81.773 pesos cada sesenta segundos. Esos números, procedentes de la propia empresa, no parecen ser las cifras de una firma con problemas económicos. Además, Vicentin cuenta con los 791 millones de dólares que fugaron entre agosto de 2019 y enero de 2020. El grupo, una vez más, apela al miedo para buscar convalidad su propuesta”.
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El informe entregado al juez civil y comercial de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, sostuvo: “Del análisis de ese test ácido se desprende que la caja permitiría atender las obligaciones derivadas de la gestión (sueldos, servicios, mantenimiento, y fazones, entre otras) hasta el mes de febrero de 2024, sin perjuicio de las diferentes variables que se detallan”.
El informe se hizo público mientras la Cámara Civil y Comercial de Reconquista debe resolver la apelación de Vicentin al fallo de Lorenzini quien no homologó la propuesta concursal de pago de las acreencias y abrió el período de concurrencia, cramdown o salvataje, que de momento quedó suspendido.
El trabajo lleva las firmas de Andrés Shocron y Guillermo Nudenberg, interventor y subinterventor de la empresa, y de los tres integrantes de la sindicatura del concurso, Ernesto García, Diego Telesco y Carlos Amut, quienes en mayo pasado fueron imputados junto a doce directivos de Vicentin por conformar una asociación ilícita destinada a defraudar y estafar a los acreedores.
Vicentin sólo tendría fondos para pagar sueldos hasta febrero del año próximo by Conclusión TV on Scribd
Los síndicos y los interventores sostuvieron en el informe que de acuerdo a su análisis, Vicentin tiene recursos para hacer frente a sus responsabilidades hasta febrero del próximo año.
“Existen circunstancias que pueden alterar –favorable o desfavorablemente- la relación de tiempo indicada, tales como los aumentos de ingresos por celebración de nuevos contratos de fazón para el año 2024, mejora en los márgenes de producción, aumento de costos e insumos, resultado de negociaciones paritarias, levantamiento o no de la cautelar despachada en favor del Banco Central de la República Argentina (BCRA), entre otros factores”, añadieron en el trabajo entregado al juez Lorenzini.
Y agregaron que “es trascendente en esta etapa una eventual renegociación de la deuda con Renova S.A”, la planta de molienda en la que Vicentin es socia de la exGlencore, ahora Viterra Argentina.
El informe explica que como consecuencia de la sequía y la disminución de la molienda y procesamiento de soja, la concursada vio disminuidas sus posibilidades.
“Las circunstancias productivas que se verifican para la industria de la molienda de granos en general que reflejan una notable disminución –efecto sequía, principalmente– de los ingresos futuros, lo que, de mantenerse, afectará la cobertura del pago de salarios y leyes sociales que necesariamente debe ser atendida por la ‘caja’ existente y que, en el escenario proyectado se perdería tornando la continuación y conservación de la empresa en inviable”, afirmó el documento.
También señaló que “estas circunstancias podrán afectar el pago normal de salarios de la planta de personal y sus cargas sociales, y otros egresos relacionados directamente con la gestión de la continuación de la ‘empresa viable’, uno de los principios fundantes de los procesos de insolvencia”.
El informe de los interventores y la Sindicatura se conoce cuando la Cámara Civil y Comercial de Reconquista tiene a su resolución una apelación interpuesta por los abogados de Vicentin a la decisión del juez Lorenzini de no homologar la propuesta de pago presentada por la compañía en el expediente de su concurso.
A la vez, Lorenzini abrió el período de “salvataje” o cramdown, pero la Cámara suspendió los efectos de esa resolución hasta tanto resuelva la cuestión de fondo del planteo de Vicentin.
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Se trata de una figura prevista en la Ley de Concursos y Quiebras que contempla la participación de acreedores o terceros mediante una propuesta para darle continuidad a la empresa y evitar su quiebra.
La agroexportadora se declaró en “estrés” financiero en diciembre de 2019, y pidió la apertura de su propio concurso preventivo de acreedores en febrero de 2020. Los créditos verificados en el concurso superan los $97.000 millones, según el expediente.
