El Comité Provisorio de Control impugnó ante el juez del concurso, Fabián Lorenzini, el Informe General presentado el 15 de marzo último por la Sindicatura, al entender que reproduce el planteo de la empresa sobre el origen de su cesación de pagos,
La empresa mostró pérdidas por más del 50% de su capital, lo que la pondría en situación de tener que encarar el proceso de disolución, en caso de no capitalizarse con bienes o dinero. ¿Qué rol juega el Estado a esta altura?
Si bien la medida fue ordenada por la Justicia de Rosario, los allanamientos se realizaron en las sucursales de los bancos ICBC y Macro de Reconquista y en la del Santander Río de San Lorenzo, en el marco de una causa que investiga a la agroexportadora por presuntas estafas a productores agropecuarios.
Productores agropecuarios, a quienes Vicentin les debe más de 120 millones de dólares, propusieron una serie de medidas para evitar el “desguace” de la empresa, las cuales fueron apoyadas por los bancos Nación, Provincia, Ciudad y BICE.
Firmaron un escrito oficial en el que expresan estar dispuestos a colaborar en la reactivación de la firma, como “alternativa superadora a todo proyecto de desguace”. Pero piden que los responsables del default “den un paso al costado”.
Los doce diputados provinciales que investigan la deuda contraída por Vicentin viajarán el próximo 3 de marzo a la ciudad santafesina de Reconquista para entrevistarse con los representantes de los trabajadores y seguir sumando elementos de análisis.
Los legisladores provinciales también informaron cuál será el cronograma de actividades para este comienzo de año: pedirán reuniones con el gobernador Omar Perotti, el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, y el juez Fabián Lorenzini.
El juez que lleva adelante el caso de Vicentin, Fabián Lorenzini, verificó unas 1.727 presentaciones de acreedores entre proveedores de granos, entidades financieras, empresas y el Estado. En tanto, hay 911 presentaciones pendientes en el Juzgado de Reconquista.
El titular de la Consultora Federico González y Asociados, manifestó que la "injerencia de Cristina, no permite tener al país encaminado, está a la deriva, sin rumbo económico y sin liderazgo político".
El juez Julián Ercolini ordenó el embargo preventivo de los bienes de la Algodonera Avellaneda, que consite en maquinaria agrícola y 13 vehículos. La firma podrá seguir con sus operaciones habituales, pero con el impedimento de transferir cualquiera de estos bienes.
La resolución fue adoptada por juez Penal de Primera Instancia del Distrito 2 de Rosario, Hernán Postma, ante un pedido formulado por el fiscal del caso, Miguel Moreno. Desde el grupo cerealero, que debe millones a varios acreedores, aducen que esto “pone en riesgo el pago de salarios”.
El fiscal Miguel Moreno brindó detalles de la investigación y del tipo de operatoria que la empresa realizaba para "exhibir una salud financiera que no era tal".