Se mudaron a Carlos Paz días antes del inicio de la cuarentena. Sin trabajo, no pueden pagar el alquiler y les cortaron el agua, la electricidad y el gas.
Según el relevamiento del Observatorio Gente en Movimiento un total de 202 mil hogares no podrá afrontar el gasto.
Funcionarán de lunes a sábado en el horario de 9 a 18, con personal reducido y en estricto uso de los elementos de protección indicados en los protocolos.
El Gobierno provincial estableció días y horarios específicos para ambas actividades. Además, para concretar las mudanzas deberá tramitarse un permiso en el sitio web de la Municipalidad de Rosario.
Fabio Pacheco es dueño de una pensión que tiene 40 inquilinos, de los cuales 10 viven de la venta callejera. A raíz de la pandemia y del aislamiento social, decidió no cobrarle el alquiler a ninguno de sus locatarios. "Les propuse que acopiemos comida, que nos preocupemos por las necesidades esenciales", contó el titular del lugar a Conclusión.
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe brindó una serie de consejos para que los veraneantes no sufran estafas con agencias de turismo, pasajes y alquileres de hoteles, casas o departamentos.
Según datos difundidos por el portal Zonaprop, un 41,4% del total encuestado tuvo que afrontar subas de un 40% en el último año, al tiempo que un 35,5% pagó incrementos de 20%.
Un trabajador que percibe el Salario Mínimo Vital y Móvil $16.875 destina el 43% de su ingreso al pago del alquiler de un monoambiente.
En Rosario se estima que entre agosto del 2018 y el mismo mes de este año el valor de alquiler aumentó un 35%, mientras que después del incremento del dólar la situación es crítica para algunos inquilinos, a quienes no se les fija el nuevo precio de renta.
A través del Banco Municipal, el Centro de Asesoramiento Social en Alquileres entregó más de $5 millones para afrontar diversos gastos. Además, recibió alrededor de 13.300 consultas.
La Concejalía Popular de Rosario emitió un informe que establece que en los primeros cinco meses del año, el 32% de inquilinos no renovaron sus contratos por los altos costos de éstos, que aumentaron un 37%.
El proyecto propone la construcción de cerca de 300 viviendas en el terreno en que hoy está ubicada la Unidad Penitenciaria III (Richieri y Zeballos), debido al traslado de ésta institución.