El dato se desprende de un informe del Ceso, que alertó que mientras el salario mínimo no llegó a cubrir el alquiler de un monoambiente, los jubilados que perciben la mínima debieron destinar casi el 78% de este ingreso a pagar la renta de este tipo de inmuebles.
La normativa, que ya cuenta con media sanción en el Senado, busca acelerar los tiempos de expulsión de los inquilinos, eliminando garantías procesales básicas. Denuncian que el proyecto consagra a la vivienda como un «negocio» y desprotege totalmente a quienes no pueden afrontar los pagos en un contexto de asfixia económica.
“Recomendamos a los inquilinos acudir a la Oficina del Consumidor para evitar la judialización, que puede multiplicar varias veces la deuda”, aconsejaron desde el organismo, en diálogo con Conclusión.
Mientras crece la mora de alquileres y expensas, la Oficina del Consumidor habilitó un registro voluntario para quienes se vieron afectados por la empresa Bauen Pilay.
Entre diciembre del año pasado y junio de este año, la cantidad de locales vacíos pasó de 1.038 a 1.206. La zonas más afectadas son el microcentro y las galerías.
