El Gobierno, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, auditó unas 400.000 pensiones por invalidez laboral y detectó irregularidades en el 40% de los casos, por lo que procedería a suspender estas prestaciones.
Para la legisladora santafesina, «el gobierno prioriza el equilibrio fiscal a costa de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, y continua con el desguace brutal del Estado».
También se pasó a la firma el proyecto de resolución, impulsado por el diputado nacional Eduardo Valdés,(UxP) por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que no avance con la desregulación el Sistema Único de Prestaciones Básicas de las Personas con Discapacidad.
El legislador de Unión por la Patria, denunció que este intento del gobierno de avanzar en ese sentido «impactará directamente en las personas más humildes» y las deja afuera del sistema.
En los últimos días, 162 trabajadores fueron despedidos de la Agencia Nacional de Discapacidad y esta semana la ministra Petovello anunció, vía redes sociales, el cierre de 59 Centros de Referencia. Hasta ahora, el 80% de los despidos, recayeron sobre trabajadoras. Asimismo, cuando se concrete el cierre de los CDR, afectará mayormente a mujeres, que son las que articulan las políticas estatales para los sectores más vulnerables, cuyas referentes son, también, mujeres.
