La Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos y el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina aseguraron que la defensa de sus derechos «no se negocia.
El lobo puesto a cuidar el gallinero. Esa es la síntesis de las críticas que apuntan al funcionario, desprendidas de una serie de operaciones inmobiliarias ejecutadas a través de un entramado de firmas radicadas en cuevas fiscales.
Gracias a este ascenso, la funcionaría pasaría a cobrar entre 7 y 8 millones de pesos de bolsillo.
El funcionario, nombrado en noviembre, está señalado por realizar las operaciones a través de sociedades offshore. Figura como titular de las sociedades Alcorta Corp y Pompeya Group Corp, ambas radicadas en Panamá.
