Los delitos que se investigan son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional.
Estas averiguaciones, que se llevan adelante simultáneamente con la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del Jefe de Gabinete, buscan determinar si la mujer del funcionario fue favorecida por el Gobierno a través de contratos irregulares.
La medida, solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita, se relaciona con los pagos que el funcionario efectuó para adquirir una vivienda en el country de Exaltación de la Cruz y otros gastos ligados a ese inmueble.
La decisión fue tomada por el juez Ariel Lijo, tras un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, luego de que Tossi denunciara haber sido blanco de hostigamiento y presiones por parte de Marcelo Grandio, periodista y amigo cercano del funcionario nacional.
La investigación había reunido elementos que impulsaron el procesamiento de una veintena de personas, entre ellas el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo.
