Lijo pidió levantar el secreto fiscal de Adorni y ordenó revisar sus comunicaciones con Grandio
La medida, solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita, se relaciona con los pagos que el funcionario efectuó para adquirir una vivienda en el country de Exaltación de la Cruz y otros gastos ligados a ese inmueble.
El juez federal Ariel Lijo ordenó este miércoles levantar el secreto fiscal del jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti ante la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (Arba), como parte de la investigación en curso por presunto enriquecimiento ilícito. A la par, el magistrado solicitó revisar las conversaciones entre el funcionario y Marcelo Grandio, quien lo acompañó en el último feriado de Carnaval en el vuelo en avión privado a Punta del Este.
La medida, solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita, se relaciona con los pagos que la pareja habría efectuado para adquirir una vivienda en el country de Exaltación de la Cruz y otros gastos ligados a ese inmueble.
Esta decisión también busca saber si existió algún tipo de irregularidad, ya que los gastos y deudas que mantiene Adorni no coinciden con el sueldo percibido, primero como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete.
Hasta el momento, y por medio de declaraciones de testigos que presentaron facturas y tickets, se dio a conocer que los gastos en viajes al exterior; las compras de las dos propiedades que posee en el barrio porteño de Caballito; y las refacciones en el country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz se efectuaron luego de que asuma su cargo en el Estado.
El juez Lijo también dio la orden de peritar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, amigo del jefe de Gabinete, para esclarecer lo relacionado al viaje que el ex vocero presidencial realizó a Punta del Este.
Grandio, a través de su productora, ImHouse cerró contratos con la Televisión Pública, que a través de la Secretaría de Comunicación depende de la Jefatura de Gabinete de ministros.
Según informaron fuentes judiciales, la medida sobre el teléfono celular y otras comunicaciones abarca tanto a los contactos de Grandío con Adorni, como los que mantuvo con quien figura como titular de la productora, Horacio Silva.
La medida será implementada a través de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), y apunta a investigar posibles “dadivas” y negociaciones incompatibles con la función pública.
En el marco de las investigaciones sobre Adorni, el fiscal Gerardo Pollicita además recibió este miércoles el testimonio de Leandro Miano, empresario inmobiliario que participó de la operación de compra por parte del jefe de Gabinete de un departamento en el barrio porteño de Caballito.
Miano es hijo de Claudia Sbabo, una de las dos jubiladas que le vendieron el departamento de la calle Miró al jefe de Gabinete, y a quienes además el funcionario aún les debe 200.000 dólares.
El testigo arribó a los tribunales federales de la calle Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, a las 8.45, y tras contestar las preguntas de Pollicita se fue de la sede judicial aproximadamente a las 10.40.
Miano tiene 44 años y es socio en una desarrolladora inmobiliaria del empresario Pablo Martín Feijoo, hijo de Alicia Viegas, la otra jubilada que le vendió el departamento de Miró a Adorni.
Feijoo, de 36 años, ya prestó testimonio y relató que conocía a Adorni porque sus hijos comparten el mismo colegio. Además, contó que el entonces vocero presidencial acordó de palabra pagarle USD 65.000 adicionales, por fuera de la escritura traslativa de dominio.
Esta semana ya había declarado Matías Tabar, el contratista que hizo las refacciones de la propiedad que el funcionario tiene en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, quien afirmó este lunes que el costo de la remodelación ascendió a unos 245.000 dólares pagados en efectivo y sin factura.