El domingo, Macri concedió una entrevista al canal LN+ en la que negó la existencia de la llamada "Mesa Judicial", dijo que no hubo contrabando de pertrechos represivos a Bolivia , esta afirmaciones ocasionaron la reacción del Ministro de Justicia de la Nación.
La expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020) podría recibir la pena máxima por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del golpe de Estado que derrocó al mandatario Evo Morales.
La parte denunciante afirma que la decisión de enviar las armas tuvo lugar el 12 de noviembre de 2019 en dos reuniones que se sostuvieron en Casa de Gobierno entre el entonces presidente Mauricio Macri y parte de su Gabinete.
Debido a las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia, toda la actividad fue realizada al aire libre y no, como en años anteriores, en la Sala de las Banderas.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria y su viceministro Juan Martín Mena se refirieron a la situación de los integrantes del Gobierno de Mauricio sobre el envío de armamento para perpetrar el golpe de estado contra el presidente Evo Morales.
El exmandatario presentó un escrito en el que se declaró víctima de una “persecución”, y además entre algunas consideraciones le informo al juzgado que estaba fuera del país
Así lo confirmó hoy el presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso, Leopoldo Moreau, quien aseguró que "hay un fuerte indicio de que ha habido una participación previa (de agentes) al Golpe de Estado" en la actuación de "tareas preparatorias".
El juez en lo penal económico Javier López Biscayart hizo lugar a un pedido del fiscal Claudio Navas Rial y ordenó medidas de prueba tras la imputación al ex presidente Mauricio Macri, a la ex ministra de Seguridad de su gobierno Patricia Bullrich y al ex ministro de Defensa Oscar Aguad.
El organismo solicitó "tomar vista de las actuaciones de modo de contar con información que permita, en su caso, promover querella penal contra los imputados"
El ministro Eduardo Castillo detalló que el material fue trasladado a las 7 de la mañana del 13 de noviembre de 2019 a la Embajada argentina en Bolivia para que, una vez allí, "personal uniformados de Argentina realizaran la entrega a la policía boliviana".
El ex presidente de Bolivia denunció que “la CIA contrató la inteligencia argentina para el golpe de Estado” cometido contra su gobierno en 2019 y sostuvo que los embajadores de Brasil y de la Unión Europea también participaron de la maniobra antidemocrática.
El dictamen fue presentado al juez en lo penal económico Javier López Biscayart y pide investigar también al exministro de Defensa, Oscar Aguad.