El expresidente Mauricio Macri designó este viernes al exfiscal Pablo Lanusse como abogado defensor en la causa en la que está acusado de haber participado de una maniobra de contrabando de material represivo a Bolivia, en noviembre de 2019, cuando se produjo el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales.

El exmandatario presentó un escrito en el que se declaró víctima de una “persecución”, informó que estaba fuera del país y designó a Lanusse como su defensor particular.

Pablo Lanusse

Macri está imputado en este expediente junto a sus exministros Oscar Aguad (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad) y otros miembros de su gobierno por el supuesto contrabando agravado de municiones antitumulto y otros elementos represivos, el 12 de noviembre de 2019.

La causa fue impulsada por el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial y es instruida por el juez del mismo fuero Javier López Biscayart.

El exfiscal Lanusse ya oficia de abogado del exjefe de Estado en otras causas, como las que investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), durante el gobierno de Cambiemos, contra dirigentes políticos, sociales, gremiales y periodistas, entre otros.

El abogado elegido por Macri es además el representante legal de la madre del fallecido fiscal Alberto Nisman, Sara Garfunkel, en la causa en la que se investiga esa muerte, pero además la asesora en el expediente en el que está bajo la lupa por presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas a cuentas de su hijo.

Entre 1993 y 2003, Lanusse se desempeñó como fiscal federal y fiscal de instrucción y luego fue secretario de Justicia y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación entre junio 2003 y abril 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Además, fue Interventor Federal de la Provincia de Santiago del Estero (abril 2004 y marzo 2005) y consultor de Naciones Unidas, como Veedor para el Proceso de Selección de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la República del Ecuador entre julio y septiembre 2005.