El proceso se inició por hechos vinculados con la actuación del Jefe de Hacienda durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se desempeñaba al frente de la cartera de Finanzas.
El ex presidente quedó acusado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, quedó al borde de ser enviado a juicio oral.
El magistrado anticipó que está de acuerdo con que la causa debe tramitarse junto a una denuncia que tiene en su juzgado por supuestas dádivas y que tiene como imputada a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hermana del Presidente.
En caso de que el Senado no apoye las designaciones de Lijo y de García Mansilla en la Corte Suprema, ambos jueces deberán volver a sus cargos actuales a fin de año. Ante este panorama, el magistrado pidió licencia en el juzgado federal de Comodoro Py, donde actualmente se desempeña.
El tribunal de alzada avaló la decisión del magistrado de «encomendar al Ministerio de Capital Humano a que elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato».
