En el escrito, los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi compartieron el criterio de su colega Marcelo Martínez de Giorgi, que consideró que la pérdida patrimonial «resulta una consecuencia del riesgo asumido».
El papel que cumplieron fue descripto en un informe elaborado por la Comisión Libra de la Cámara de Diputados -un extenso documento de más de 200 páginas- y en los pedidos de indagatorias que presentaron las querellas.
La investigación en curso intenta determinar cómo llegó al presidente la información que terminó publicando y si hubo incentivos económicos -a él o su hermana Karina- para que haga el posteo.
El abogado representante del empresario involucrado en la megaestafa promocionada por el presidente Javier Milei pidió la nulidad del informe técnico de su teléfono, denunciando “accesos indebidos” y fallas graves”.
Así lo pudo detectar el experto en informática Fernando Molina, que difundió los movimientos financieros a través de distintas publicaciones en sus redes sociales.
