La iniciativa, impulsada por el Departamento de Seguridad Interior, generó una fuerte resistencia local, incluso entre votantes conservadores, por el impacto que tendría en los recursos y la vida cotidiana de la comunidad.
La agresión bélica fue reportada por los hutíes que controlan gran parte de la provincia septentrional de saada, en el norte del país arábigo. También quedó un saldo de 50 heridos que fueron trasladados a distintos hospitales.
Entre 1976 y 1978, durante la última dictadura cívico militar, esta casona ubicada en la localidad de Granadero Baigorria funcionó como un centro clandestino de detención por el que pasaron cerca de 150 personas, que fueron detenidas, torturadas y varias aún continúan desaparecidas.
El Instituto Nacional de Migración hizo una denuncia ante las autoridades para que se investigue el origen del siniestro “y se proceda en consecuencia”.
La falta de instalaciones adecuadas para garantizar una estancia digna a migrantes quedaron probadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
