El equipo jurídico de la central obrera continúa dando batalla en el fuero contencioso para sostener la medida cautelar, bajo la firme premisa de que el articulado impulsado por el Gobierno es abiertamente inconstitucional.
Las tres centrales obreras argentinas, la CGT y las dos CTA, repudiaron junto a un amplio abanico de entidades gremiales la intervención judicial de los metalúrgicos, que encabeza la resistencia al modelo libertario.
En paralelo, la central obrera confirmó que apelará el fallo de la Sala VIII, que dejó sin efecto la cautelar dictada por el juez Raúl Ojeda y que había suspendido 82 artículos de la normativa cuestionada.
La resolución del tribunal de alzada tiene «efectos suspensivos» sobre el fallo de primera instancia, del juez Ojeda, que había otorgado una cautelar solicitada por la CGT contra ley de precarización del trabajo.
La central obrera cuestiona el artículo 79 de la ley que dispone la competencia exclusiva y excluyente de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.
